El informe entregado por el Gobierno Nacional a los partidos políticos no solo revela los antecedentes penales de los candidatos que aspiran a llegar por primera vez al Congreso, también muestra las investigaciones que tienen actualmente los parlamentarios que aspiran a reelegirse. En el documento se da cuenta de que los actuales legisladores que volvieron a presentar su nombre para llegar al Senado o a la Cámara a partir de marzo, tienen en total 631 procesos en la Corte Suprema de Justicia. También se identificó que 45 aspirantes tienen sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría. De esos 45, las colectividades inscribieron a 19 candidatos inhabilitados, lo cual les representará serios problemas en un futuro cercano, porque no podrán ser elegidos al Congreso. La cifra de candidatos con antecedentes penales ascendió a 103, según la revisión hecha por la Ventanilla Única de la URIEL, perteneciente al Ministerio del Interior. El Gobierno Nacional ha hecho un llamado a los diferentes movimientos políticos para que depuren las listas presentadas para Senado y Cámara en este 2018 y así evitar que personas con líos judiciales lleguen a ocupar esos cargos. En total fueron consultados los antecedentes de 5679 candidatos para los comicios de este año. En las pasadas elecciones del 2014, la URIEL verificó el pasado judicial de 2552 aspirantes. Aún no se conoce cuales son los partidos políticos que mayor número de candidatos cuestionados presentaron para estos comicios.