La Sección Tercera del Consejo de Estadio le dio un plazo de tres meses a las diferentes autoridades ambientales, nacionales y territoriales para que se diseñe un plan que permita enfrentar las afectaciones causadas por las explotaciones mineras, sobre el cauce del río Magdalena. De acuerdo con el Consejo de Estado, es necesario que se revisen y evalúen las acciones que se tomaron frente a las construcciones realizadas por una sociedad particular para la explotación ilegal sobre el río, específicamente en la zona del municipio de Ricaurte, Cundinamarca. La determinación fue adoptada por el alto tribunal al advertir que las entidades estatales como el Ministerio de Medio Ambiente y la Corporación Autónoma Regional (CAR) al parecer avalaron este tipo de explotaciones que no solo produjeron afectaciones en el cauce del río sino a la población que está en esta zona del país. "La sociedad vulneró el derecho a un ambiente sano y a la protección ambiental, pues adelantó obras de infraestructura en el cauce del río Magdalena sin contar con la autorización de la CAR para edificar, desconociendo la normatividad ambiental que así lo exige. Además, extrajo material de arrastre en exceso al autorizado, sin estimación alguna respecto al impacto ambiental que pudo implicar el desatender los postulados normativos; perjudicando, además, el patrimonio público", señala el fallo. Para el Consejo de Estado, las acciones para prevenir este tipo actividades ilegales no fueron las suficientes y permitieron su continuidad durante más de 7 años, pero además, dicha sociedad había adelantado peticiones ante la Autoridad Nacional de Licencias para obtener el plan de manejo ambiental. "Se echa de menos que el seguimiento no se haya reflejado en la inmediata corrección para que el Plan de Manejo Ambiental, junto con un programa de restauración, se hubiese implementado. Todo esto en atención a prevenir un costo ambiental considerable e irreversible", advierte el Consejo de Estado.