Consejo de Estado responsabiliza a la Nación por funcionamiento de las Convivir
El Consejo de Estado declaró responsable a la Nación por el funcionamiento de las Asociaciones Convivir que tenían su centro logístico en el centro de Medellín en la década de los 90.
9 Oct 2014 - 04:50 pm
De acuerdo con la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la administración de la Alcaldía de Medellín no efectuó los procesos contractuales debidamente para arrendar unas oficinas en las que se instalaron las Convivir.
Advierte la sentencia que este edificio donde funcionaba Asocomunal, organización que tenía como propósito el desarrollo de actividades de carácter comunitario, también funcionaban la Asociación Convivir y el Comité de Participación Ciudadana Comerciantes Vecinos Empresas Públicas de Medellín, entidades que ejecutaban servicios especiales de vigilancia y seguridad privada.
“El municipio sabía que dichas asociaciones estaban involucradas en conductas punibles tales como homicidios, abuso sexual contra las trabajadoras sexuales del sector, maltrato, lesiones personales, amenazas, injuria, suplantación de autoridad legítima y enfrentamientos con estas, piratería terrestre, hurto, boleteo, extorsión y prestación ilegal de servicios de seguridad y vigilancia privada, pese a que su objeto era de promoción comunitaria de programas sociales, morales, culturales y educativos”, señala el documento.
De igual forma la Corporación encontró la permisividad del Estado al estar enterado de la constitución de grupos civiles armados que estaban actuando al margen de la Constitución y de la ley y no hizo nada, por el contrario, con su omisión incurrió en una desprotección de los derechos de los ciudadanos.
La decisión se dio tras condenar al municipio de Medellín por los daños causados a varios comerciantes con un artefacto explosivo que fue puesto en contra del edificio donde funcionaban las asociaciones de las ‘Convivir’.
"La Sala no encuentra admisible que las autoridades no hayan actuado de forma idónea y eficaz, luego de enterarse sobre el riesgo inminente que representaban dichas organizaciones civiles armadas al margen de la ley", advierte el fallo del Consejo de Estado.
Para el alto tribunal con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, la administración municipal debió denunciar y poner en conocimiento de las autoridades nacionales de los movimientos que estaban realizándose al interior de ese edificio como la entrada de grupos con armas y equipos de comunicación sin los permisos respectivos permitiendo un riesgo a la población civil.