Consejo de Estado señaló al Ejército por irregularidades en proceso de reclutamiento

Esta decisión se dio tras conocer el caso de un joven que era estudiante de universidad, quien fue requerido por su libreta militar por parte de miembros del Ejército en el municipio de Cajicá, y posteriormente fue llevado a un batallón en Bogotá.

Según el caso, este joven cuando completo bachillerato, entregó los documentos requeridos por el Ejército para su inscripción en calidad de estudiante y nunca recibió la citación para presentarse a la Institución Militar.

Según el joven, quien además es hijo único, ese mismo día le informaron que debía quedarse para ser trasladado a un batallón en Bogotá, donde se haría su incorporación, pese a que les explicó que se encontraba cursando estudios universitarios y como prueba presentó su carné de estudiante.

Sin embargo, le exigieron un certificado de estudios que, cuando fue presentado, no fue aceptado porque, supuestamente, era necesario demostrar que cursaba cuarto semestre de cualquier carrera y él a penas había terminado el primero.

Para el Consejo de Estado, las Fuerzas Armadas no pueden requerir a un ciudadano cuando ha cumplido con su obligación de inscribirse para prestar el servicio militar.

“La Sala observa que las Fuerzas Armadas interpretan de manera errónea el espíritu del legislador en torno a compeler a los ciudadanos cuando estos incumplan con la obligación legal de efectuar el proceso de inscripción, situación que en caso de ocurrir, efectivamente activa la posibilidad del Estado para tomar las medidas pertinentes; pero cuando el ciudadano da cumplimiento de tal deber, ya sea por medio de su institución educativa, como es el caso del accionante, o por inscripción personal, las Fuerzas Armadas carecen de toda potestad para compeler a los ciudadanos que ya dieron efectivo acatamiento a lo dispuesto por la norma”, indicó la sentencia.

Ante la situación, el Alto Tribunal le ordenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional publicar en todos los centros de reclutamiento lo que establece la ley 48 de 1993.