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Consejo de Estado solicita a Fiscalía nuevas acusaciones por masacre de Puerto Alvira

Foto: Consejo de Estado



El Consejo de Estado condenó a la Nación a través del Ejército y la Policía Nacional a realizar las reparaciones a favor de las víctimas por la masacre de Puerto Alvira, Meta y solicitó a la Fiscalía que incluya en los procesos penales el agravante de delitos de lesa humanidad contra exmiembros de las autodefensas y de la Fuerza Pública que participaron en estos hechos.

RCN La Radio conoció que el Consejo de Estado advirtió que si bien ya existe una condena ejemplar contra la Nación por estos hechos, no se puede dejar de lado las responsabilidades contra militares y miembros de autodefensas que están dentro de la Ley de Justicia y Paz y que no fueron juzgados por su participación en las muertes de 40 pobladores de esa municipalidad.

El Consejo de Estado con ponencia del magistrado Hernán Andrade consideró que los actos cometidos en esta incursión paramilitar el 4 de mayo de 1998, fue un claro atentado contra el derecho internacional y por lo tanto se constituye en delitos de lesa humanidad.

“Que lo analizado y resuelto en esta sentencia y dentro del presente proceso, sea tenido en cuenta en las actuaciones o procedimientos que se hayan abierto e instruido –si no han sido decididas definitivamente aún- a raíz del ataque realizado por paramilitares a la inspección judicial de Puerto Alvira, Meta, por razón de las posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario en los cuales se hubiese incurrido por parte de quienes participaron en esos hechos”, señala el fallo del Consejo de Estado.

Y es que la Sección Tercera del alto tribunal encontró que existieron fallas graves en el servicio, especialmente en la omisión de las constantes quejas de pobladores y de las entidades de control que indicaron con anticipación el peligro en el que se encontraban por la fuerte presencia de grupos paramilitares.

“Se encuentra debidamente acreditado que tanto el Ejército Nacional como el departamento del Meta tuvieron oportuno conocimiento del grave riesgo que corrían los habitantes y optaron por desestimar las distintas comunicaciones mediante los cuales los mismos pobladores y la Defensoría del Pueblo les informaron sobre la posible de los hechos en esta demanda”, advierte el Consejo de Estado.

Por este hecho el Consejo de Estado le ordenó al ministro de Defensa que en un acto público y televisado por el canal institucional en la cual dé cuenta de la política implementada a corregir las fallas que dieron lugar a la incursión de grupos paramilitares en esta zona del país.

De igual forma le ordenó a las entidades demandas que publique esta providencia señalando las actuaciones judiciales contra los responsables de esta incursión, en los cuales está involucrado el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, tres generales más y a un coronel de la Policía Nacional.

Asimismo, ordenó que se desarrolle un plan de tratamiento psicológico para las personas que resultaron afectadas por la muerte de sus seres queridos con el objetivo de la ‘reinserción social y la superación de las huellas de la guerra’.