La Sala Plena del Consejo de Estado anuló la sanción disciplinaria que fue emitida por la Procuraduría General de la Nación contra la exsenadora Piedad Córdoba, de 18 años de inhabilidad por presuntos nexos con las Farc en septiembre de 2010.

Con una votación de 17 a favor el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado William Hernández, advirtió que la Procuraduría cometió varias irregularidades al emitir esta sanción y hubo violación al debido proceso al sustentar dicha inhabilidad con pruebas que fueron encontradas en el computador del exjefe guerrillero de las Farc Edgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’.

“La Procuraduría vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, al considerar como pruebas válidas dentro del proceso disciplinario las practicadas y recaudadas durante la ‘Operación Fénix’ las cuales se consideran inexistentes”, señala la sentencia. (Lea aquí: Fallo demuestra que opositores en Colombia no son terroristas: Piedad Córdoba)

El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Danilo Rojas, explicó que uno de los efectos de la nulidad de la sanción disciplinaria contra la exsenadora Piedad Córdoba es que la Procuraduría General de la Nación deberá indemnizar a la excongresista con los salarios que dejó de percibir en ese cargo, es decir, un poco más de 1.300 millones de pesos.

“La Procuraduría General de la Nación deberá indemnizar a la exparlamentaria por los daños ocasionados con el pago de los salarios y prestaciones que dejó de percibir entre el 3 de noviembre de 2010, día en que fue separada de su curul, y el 19 de julio de 2014, día en que finalizó su periodo legislativo 2010-2014”, indica el fallo.

No obstante, la exsenadora con esta decisión deberá esperar el curso de otra nulidad que está tramitándose en la Sección Segunda del Consejo de Estado, de una sanción de 14 años de inhabilidad en su contra por parte de la Procuraduría.

En este caso el alto tribunal convocó a una audiencia pública a la exsenadora Piedad Córdoba el próximo 14 de septiembre, en la que el Consejo de Estado espera conocer los detalles de los argumentos que fueron expuestos dentro de esa demanda.

La sanción emitida por la Procuraduría está relacionada con la responsabilidad que tuvo la excongresista de haber entregado por lo menos 25 millones de pesos al representante a la Cámara Ricardo Montenegro para su campaña.