Con ponencia del magistrado Alberto Santofimio, el Consejo de Estado negó para su estudio la demanda de pérdida de investidura presentada el abogado Hernán Darío Cadavid contra la senadora de la Alianza Verde, Claudia López Hernández.

En su decisión, la Sala Plena determinó inconsistencias en la solicitud, debido a que el demandante no cumplió con los requisitos que determina la ley para ese tipo de acciones judiciales.

"El solicitante no acompañó la “acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional”, uno de los requisitos que contempla la ley en ese tipo de casos.

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En ese sentido, el Consejo de Estado le dio un plazo de 10 días al abogado para que corrija los errores de demanda de pérdida de investidura y vuelva a presentar.

“Por consiguiente, dispondrá el Despacho inadmitir la petición constitucional a los fines de que el ciudadano Cadavid Márquez, en el término de diez (10) días subsane su escrito allegando la aludida certificación”, precisa uno de los apartes del documento.

Cadavid -según información que aparece en intenet- fue Coordinador Nacional de Juventudes de la Campaña Presidencial de Óscar Iván Zuluaga y su jefe inmediato fue David Zuluaga Martínez, hijo del excandidato.

La demanda

Según la demanda, la senadora del Partido Verde, Claudia López Hernández por considerar que debía declarar impedida en la votación de un proyecto de ley que deroga la injuria y calumnia como delito penal.

Para el jurista, la congresista y precandidata presidencial no podía participar en el debate puesto que en su contra se adelantan varias investigaciones por este tipo de delitos.

“Violó de manera grave el régimen de conflicto de intereses al no declararse impedida al momento de votar un proyecto de ley que la favorece directamente al eliminar los delitos de injuria y calumnia, tipos penales por los cuales la senadora es investigada en la Corte Suprema de Justicia”, explicó Cadavid.

El proyecto al que hace referencia el abogado es el 014 de 2017, el cual fue presentado por el Gobierno para fortalecer la política criminal y penitenciaria en el país. Esta iniciativa fue aprobada en primer debate en la Comisión Primera del Senado.