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Interbolsa / Foto archivo



El Consejo de Estado rechazó una demanda instaurada por cuatro comisionistas de bolsa que laboraron en la extinta firma InterBolsa S.A. En la acción pretendían que la Superintendencia Financiera asumiera una reparación económica a su favor superior por un valor superior a los 4.000 millones de pesos.

Los demandantes alegaban que la liquidación forzosa de la firma comisionista de bolsa por parte de la Superfinanciera en noviembre 2012 les había ocasionado un daño antijurídico al perder su estabilidad laboral y pérdida patrimonial, generada por la terminación de sus contratos.

Sin embargo, la Sala encontró que la liquidación de InterBolsa, necesariamente exigía la terminación de todos los contratos, entre ellos los de los comisionistas, que eran contratos a término indefinido, quedando condicionado el pago de los salarios, prestaciones sociales y bonificaciones al posterior reconocimiento en la masa de liquidación, es decir se ha reconocido total o parcialmente el valor de sus acreencias laborales y bonificaciones.

Añade la Sala que el daño antijurídico no era atribuible a la SuperFinanciera sino a los propios comisionistas, quienes por su experticia profesional tenían razonablemente acceso a la información de la firma, en cuanto a los manejos de las operaciones de mercado que realizaban y debieron ser capaces de prever la materialización de los riesgos de liquidez que los podían afectar y que llevaron a la quiebra a la comisionista.

Dice que su responsabilidad en la ocurrencia de los hechos dañosos recae en no haber advertido sobre la posible crisis de liquidez en la que podía caer la firma, como se evidenció el primero de noviembre del 2012, cuando el representante legal de la extinta sociedad le comunicó a la Superintendencia sobre su incapacidad para cubrir un crédito bancario por 20.000 millones de pesos.