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Foto referencial de archivo RCN Radio



La Sección Tercera Consejo de Estado le ordenó a la Fiscalía General pagar cerca de 7.300 millones de pesos a los familiares de 29 personas que fueron detenidas en el municipio de Quinchía (Risaralda) señaladas de tener nexos grupos ilegales en el año 2003.

Estas personas fueron detenidas en el marco de la ‘Operación Libertad’. La Fiscalía General las acusó por los delitos de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir y algunas de ellas de secuestro extorsivo, por lo que ordenó su privación de la libertad.

Sin embargo, en julio del 2005 un fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Risaralda revocó la medida de aseguramiento y ordenó el cierre de la investigación por falta de pruebas. Debido a esto los capturados acudieron a la reparación en el 2011.

El caso llegó al Consejo de Estado que determinó que la actuación de la Fiscalía fue desproporcionada, pues emitió una serie de decisiones que privaron a los demandantes de su libertad, con base en testimonios no contrastados de exmilitantes de la guerrilla del EPL.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo, los testimonios de oídas en torno a la supuesta colaboración de los investigados con la insurgencia no eran suficientes para probar su accionar delictivo, pues “el accionar de la fuerza insurreccional y los rumores que se propagaban sigilosamente, sustituían a las fuerzas del orden”.