Frente a la multimillonaria sanción que interpuso la Superintendencia de Industria y Comercio a varias empresas del sector azucarero, el Consejo Gremial pidió que se abra un debate en el país para analizar el monto de las sanciones y la capacidad de las superintendencias para imponer estas acciones judiciales.

A través de un comunicado, el presidente del Consejo Gremial, Bruce Mac Master, insistió en que aunque se respetan las decisiones de las autoridades sí es importante analizar el tema sancionatorio que podría perjudicar el "ejercicio del derecho de asociación".

"A raíz de la reciente decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio en el sector azucarero consideramos conveniente que el país de un debate sobre el monto de las sanciones que imponen los entes administrativos en ejercicio de funciones jurisdiccionales y de los efectos de las mismas sobre el ejercicio del derecho de asociación que llevan a cabo los gremios económicos", precisa.

Y agrega: "Una sanción de más de 30 mil millones de pesos hace inviable el que hacer de una asociación gremial y pone en duda su viabilidad hacia el futuro". (Lea también: Asocaña pide intervención de Santos en caso de millonaria sanción)

De igual forma, el Consejo Gremial advierte que dentro del debate también es importante discutir sobre los mecanismos de defensa, descargos, apelaciones y recursos que tienen las empresas sancionadas.

"La segunda instancia en estos casos debería estar en cabeza de una entidad independiente a la que decide", aseguró.

Para el empresariado del país es de suma importancia que se analice el proyecto de ley 038, que le otorgaría facultades a las superintendencias que, incluso, podrían afectar el desarrollo industrial del país.

"En dicho proyecto encontramos que se le otorgan amplias facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio que merecen ser estudiadas y debatidas a la luz del equilibrio institucional", precisó.

De inmediato, agregó: "Si bien es deseable una autoridad de competencia sólida e independiente, también es importante que la Superintendencia de Industria y Comercio, cuyos objetivos son de inspección, vigilancia y control, no se sobreponga a los objetivos de determinación de política pública que tienen otros entes de la rama ejecutiva o a los objetivos de instrucción criminal y de juzgamiento que tienen entes como la Fiscalía y los jueces de la República en materia penal".