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Boyacenses, Haití, soldados, viaje, presidente
AFP

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, advirtió que Julio Santa, el cónsul honorario colombiano en Puerto Príncipe (Haití) y máximo representante de Colombia en ese país, "ha sido amenazado por defender los derechos de los colombianos" involucrados en el asesinato del presidente Jovenel Moïse.  

Ramírez también señaló que las autoridades locales no han querido recibir las credenciales del embajador colombiano en República Dominicana y concurrente en Haití, Daniel Cabrales, lo que dificulta aún más cualquier contacto entre los dos países. 

De acuerdo con la canciller, "ante la inestabilidad política que vive el país antillano, agravada por el asesinato del presidente tampoco fue posible hacer la repatriación de los cadáveres de los tres colombianos muertos en la reacción de las fuerzas de seguridad tras el asesinato de Moïse y el Gobierno presiona para que sean cremados y así entregar las cenizas a sus familiares". 

En ese sentido, aseguró que con el fin de esclarecer el magnicidio, el Gobierno colombiano ha pedido ayuda a distintos organismos internacionales para que el caso sea investigado por instancias distintas a la justicia haitiana. 

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Cabe mencionar que en el asesinato del presidente Jovenel Moïse están implicados 20 exmilitares colombianos, por lo que "el Gobierno colombiano no quiere que haya impunidad en el crimen del presidente Moise, pero exige que haya una justicia que funcione", dijo la canciller colombiana a corresponsales extranjeros. 

El magnicidio de Moise fue perpetrado el pasado 07 de julio en la residencia presidencial en Puerto Príncipe por un grupo de mercenarios, entre los cuales había exmilitares colombianos, tres de los cuales fueron abatidos y 17 de ellos detenidos. 

El último en ser detenido fue Mario Antonio Palacios, tras ser deportado de Jamaica y actualmente está en una cárcel de Miami (EE. UU.), donde enfrenta dos cargos relacionados con el magnicidio. 

"No creemos que sea un buen mensaje la impunidad", manifestó la vicepresidenta, quien explicó que la defensa de los colombianos que están detenidos en Haití está en manos de estudiantes de derecho porque "los abogados no han querido tomar el caso por miedo a represalias". 

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Indicó que "los pocos abogados que se han mostrado dispuestos a asumir la defensa de los exmilitares cobran unas sumas muy elevadas, de un millón de dólares, que ni los familiares de los detenidos ni el Gobierno pueden asumir". 

Recordó que incluso en agosto pasado envió una carta a la delegación regional para Panamá y el Caribe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para que hiciera "una visita humanitaria de carácter urgente a la cárcel" donde están presos los colombianos para que se "constara su estado de salud y garantizar que cuentan con la debida protección a su integridad física y la necesaria asesoría legal". 

Fuente

EFE

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