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Foto: Colprensa



La Contraloría General de la República encontró que la administración del ex alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, afectó el patrimonio del Distrito al utilizar $3.584 millones de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, destinados a la población de escasos recursos, no Afiliados, para fines diferentes.

En especial para el pago de tres contratistas de impuestos por estampillas que le correspondía sufragar única y exclusivamente a los mismos.

Los hechos sucedieron diciembre de 2015, cuando con recursos de un crédito interno contratado con la banca privada para infraestructura hospitalaria, se realizaron pagos por $35 mil millones 841 mil pesos a los contratistas: Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios S.A., Consorcio Salud Heroica y Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena.

Sin embargo, se aplicó el cobro de estampillas por $3.584 millones a los recursos de una cuenta maestra del Banco Popular, donde el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), administra los recursos de Población Pobre No afiliada-PPN.

Los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud fueron destinados a este fin, pasando por alto que, por mandato constitucional, no se deben destinar ni utilizar para fines diferentes a ella.

Además, el desembolso en favor de las arcas del Distrito se hizo efectivo el 19 de febrero de 2016, entrando como recursos propios, lo que cambia su destinación exclusiva en el sector salud.

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Para la Contraloría, es claro, "que bajo ninguna circunstancia el patrimonio de la entidad pública, representado en los recursos para la seguridad social, se puede afectar con la aplicación de un gravamen que le corresponde sufragar única y exclusivamente a los contratistas".

Señala que "no hay controles efectivos para garantizar la correcta inversión de los recursos que se le han asignado a través del Sistema General de Participaciones para el sector Salud- Población Pobre No Afiliada (PPNA)".

Por lo anterior, dice el organismo, se constituyó un hallazgo con incidencia fiscal por $3.584 millones y presunta incidencia disciplinaria, a la luz de lo preceptuado por el artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

De las irregularidades encontradas por la Contraloría, se dio traslado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Salud y la Protección Social, para lo de su competencia.

¿Qué pasó con la plata?


Como respuesta a la observación formulada por la Contraloría, el DADIS argumentó que se aplicó en este caso retención en la fuente y lo descontado se trasladó a la DIAN.

Sin embargo, la Contraloría consideró que "la respuesta dada por la Administración no desvirtúa la situación irregular evidenciada y que los pagos se realizaron con recursos de un crédito interno con la banca privada, y no debieron tomarse de la cuenta bancaria, las deducciones que debieron hacerse al contratista, puesto que no fue con estos recursos que se realizó el pago".

Adicionalmente, la Administración Distrital menciona la retención en la fuente y el traslado a la Dian, cosa que no sucedió, puesto que se evidenció, tanto en el auxiliar contable como en el movimiento detallado de deducciones de estampillas, que la causación y pago se hizo por concepto de:

ESTAMPILLA UDEC 1%, SOBRETASA DEPORTIVA 2%, ESTAMPILLA AÑOS DORADOS 2% y Ley 104.

Así mismo, el libro de bancos y la certificación expedida por el Banco Popular dejan claro que el beneficiario de la cuenta de destino de los recursos fue el Distrito de Cartagena, no la DIAN.

Por lo anterior, para la Contraloría la respuesta del DADIS no es pertinente, ni contiene argumentos para desvirtuar el hallazgo establecido.