Una auditoría, realizada por la Contraloría General de la República en junio, dio cuenta de algunas irregularidades en el manejo de recursos y metas en el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ). El proceso que realizó el organismo de control señala, por ejemplo, que esta alta corte no cumplió con la meta en materia de descongestión judicial y para ello invirtió 2.2 billones de pesos. La auditoría revela también que, con corte al 31 de diciembre de 2015, las cuentas por cobrar en el organismo alcanzan los 20.5 billones de pesos. De igual forma, la revisión que con lupa realizó la Contraloría devela que fueron compradas varias camionetas blindadas por 1.992 millones de pesos, sin el registro presupuestal respectivo y sin que estos automotores estén prestando el servicio requerido. En la auditoría de la Contraloría se evidencian además por lo menos 5 hallazgos fiscales que superan los $ 1.701 millones por recobros de incapacidades y dos procesos más por $1.405 millones por mayores valores pagados a la nómina, por este concepto. En un aparte de la auditoría, la Contraloría revela que “en desarrollo de la auditoría se detectaron presuntos daños patrimoniales en procesos archivados por prescripción de la seccional de Medellín por $ 1.443,5 millones, debido a una gestión ineficaz en el traslado de las providencias”. Estas irregularidades evidencian, señala el organismo, "la incapacidad del CSJ para ejecutar oportunamente los recursos de inversión, lo que se refleja en recortes de apropiación y constitución de reservas presupuestales".