La Corte Constitucional admitió una demanda contra varios artículos del Código Disciplinario relacionados con inhabilidades a funcionarios públicos para ejercer cargos cuando hayan sido sancionados fiscalmente. El documento del alto tribunal consideró que la estructura de la demanda está sujeta a los requisitos exigidos y por lo tanto dará trámite para determinar si el mismo debe ir a Sala Plena de la Corte Constitucional para su debate. Con el estudio de esta demanda y de ser tumbada, quienes haya sido sancionados fiscalmente podrían tener la posibilidad de ejercer cargos públicos nuevamente. Dentro de la demanda de inconstitucionalidad se advierte que mantener la norma se está violando los derechos de todos los ciudadanos a elegir y ser elegidos "así como de acceso al desempeño de cargos públicos, los cuales ejercen de acuerdo a las limitaciones constitucionales y legales, establecidos para tales fines". Según los argumentos del actor "una responsabilidad administrativa que no tiene carácter sancionatorio, ni penal, pues la acción fiscal es de naturaleza reparatoria o resarcitoria, lo que constituye una limitación al ejercicio de función pública que no es razonable ni proporcionada". La norma demandada está consignada en el artículo 38 del Código disciplinario que en su parágrafo advierte "Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales". De ser declarado inconstitucional dicha norma, funcionarios públicos podrían aspirar a cargos de elección popular, entre los que estaría el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien fue sancionado por la Contraloría a pagar una multa que superan los 217 mil millones de pesos por haber disminuido las tarifas de Transmilenio durante su administración.