La Corte Constitucional programó para el 9 de septiembre a las 8:00 a.m la audiencia pública en la que serán escuchados. La Corte Constitucional en pleno citó a audiencia pública al presidente Juan Manuel Santos, al senador Álvaro Uribe, al fiscal general Eduardo Montealegre, al procurador general Alejandro Ordóñez, entre otros, para iniciar el debate formal de la primera demanda de inconstitucionalidad a la reforma al Equilibrio de Poderes. También aparecen en el acto de la Corte citados a la audiencia, el presidente del Congreso de la República, Luis Fernando Velasco; los senadores Jorge Enrique Robledo, Claudia López, y el representante David Alejando Barguil. Asimismo deberán acudir a la cita los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. De igual forma, fueron convocados a la audiencia el presidente de Asonal Judicial, Fredy Machado, y expertos como Rodrigo Uprimy, Gloria María Borrero, el abogado y exministro Néstor Humberto Martínez, entre otros. Según la citación de la Corte cada uno de los intervinientes tendrá un tiempo límite de 15 minutos para fijar su posición en torno a la constitucionalidad o no de esta iniciativa. Se trata de la primera demanda de inconstitucionalidad que fue admitida para su estudio por la Corte Constitucional instaurada por los abogados Omar Edgar Borja Soto, Diana Patricia Rueda González y Flavio Maya Escobar, este último reconocido por ser uno de los principales apoderados de los afectados por las estafas de pirámides en el país. En esta acción judicial fueron demandados los artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del acto legislativo número 2 de 2105 de la ley del Equilibrio de Poderes que aseguran modifican los artículos 254 y 257 de la Constitución política. “Es una ley de desequilibrio de poderes, nosotros teníamos con la independencia de la rama judicial garantizado ese equilibrio de poderes, el gran problema es que el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos busca concentrar el poder para manejar absolutamente todo el aparato judicial con la intromisión y prácticamente el control del ejecutivo”, dijo el abogado Maya. En este caso fueron demandados los artículos que hacen referencia a la eliminación de las Salas Administrativa y jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, las cuales son reemplazadas por el Consejo de Gobierno judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. “Si bien es cierto esta institución del Consejo Superior de la Judicatura tiene fallas, no es menos cierto que las instituciones no se deben acabar sino se deben corregir, reformar y fortalecer”, dijo el abogado Maya. El demandante enfatizó que “la parte administrativa pasa a ser dirigida por el gobierno nacional, ahí pierde la independencia tanto interna como externa la rama jurisdiccional (…) iniciamos una clara tarea de privatización de la justicia”. Es de recordar que recientemente el fiscal general Eduardo Montealegre también instauró una demanda contra la reforma al equilibrio de poderes.