C. Constitucional advierte que no se deben exigir requisitos para educación especial

La Corte Constitucional le insistió a las entidades territoriales y distritales que no pueden interponer ningún obstáculo para los menores que necesitan de centros especializados disponibles de acuerdo con su discapacidad mental.

La sentencia del alto tribunal realizó una serie de advertencias a las secretarías de Gobierno, de Educación y de Integración Social, para que no pongan barreras administrativas ni informativas para que menores en situación de discapacidad puedan hacer parte de los programas gubernamentales dispuestos para tal fin.

El pronunciamiento lo hizo la Corte al conceder una acción de tutela a favor de una familia que solicitó la garantía al acceso a la educación que había sido obstruida por parte de la Alcaldía de Soacha y la Secretaría de Integración Social de Bogotá.

Según la acción judicial, dos menores que necesitaban acceder a programas con discapacidad mental no pudieron hacerlo efectivamente por cuenta de la falta de información integral y de los mecanismos necesarios para brindar una mejor educación.

"Así, no es de recibo que dicha entidad haya afirmado, en la contestación de la presente acción de tutela, no contar con ningún programa que prestara los servicios solicitados por los actores, cuando en la realidad ocurre lo contrario. En efecto, tal entidad tiene la obligación legal de ofrecer todos los programas con que cuenta, especialmente si se trata de solicitantes que padecen de algún tipo de discapacidad", señala la sentencia.

La decisión fue adoptada por la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Jorge Pretelt Chaljub, al advertir a tal entidad que 'no debe imponer barreras de acceso a los programas que ofrece, ni exigir requisitos innecesarios para el efecto’.

Pese a que la Corte aclaró que las acciones en este caso deben ser responsabilidad de la Alcaldía de Soacha, exhortó a la Secretaría de Integración Social de Bogotá que en adelante brinde la totalidad de los programas con que cuenta dentro de la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital.