La sala plena de la Corte Constitucional aprobó el decreto 687 de 2017 por el cual el Gobierno entregó libretas militares a por lo menos 140 jóvenes de Mocoa que resultaron damnificados por la avalancha ocurrida en marzo pasado. Con ponencia del magistrado Antonio Jose Lizarazo, la sala determinó que la medida era una forma de colaboración a los jóvenes damnificados con el fin de facilitarles la búsqueda de empleo. Debido a la catástrofe natural que dejó como resultado la afectación de 1518 familias, la Corte señaló que el decreto propicia “condiciones que les faciliten la reorganización de sus vidas mediante la implementación de medidas que remuevan las dificultades al acceso al mercado laboral”. Los beneficiados del decreto son aquellos hombres entre 17 y 50 años “que resultaron damnificados” y aparecían en las bases de datos del Gobierno. La avalancha fue la causa del desbordamiento de varias quebradas y ríos el 31 de marzo del año en curso, cuando se produjo una “avalancha que acabó con la vida de 290 personas, dejó heridas a 332 más, afectó 1518 familias y produjo la desaparición de aproximadamente 200 habitantes”.