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Corte Constitucional ordena al Inpec proteger a población LGBTI que está en las cárceles

Foto: AFP


La Corte Constitucional le ordenó al Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) que tome las medidas correspondientes para que se garanticen los derechos de los miembros de la comunidad LGBTI que están privados de su libertad.


El alto tribunal consideró que no puede haber actos de discriminación en las cárceles en contra de esta población vulnerable que sean permitidos por parte de las autoridades carcelarias.


Para la Corte Constitucional si alguna de estas personas solicita a las autoridades ayuda ante amenazas contra su vida y actos de discriminación por cuenta de ser parte de la comunidad LGBTI debe brindárseles de forma inmediata.


"Habida consideración de la especial relación de sujeción en que se encuentran las personas internas frente al Estado, donde este tiene la obligación de garantizarles a los grupos sociales tradicionalmente discriminados y vulnerables que puedan ejercer a cabalidad sus derechos fundamentales, más aún a las personas con orientaciones sexuales diversas, quienes 'padecen en el confinamiento la reproducción y maximización de los prejuicios' que imperan en la sociedad", señala la Corte Constitucional.


La decisión fue adoptada por el alto tribunal con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortíz, tras conocer el caso de una persona de la comunidad LGBTI que está recluida en la cárcel La Picota de Bogotá y que manifestó su necesidad de ser trasladada de celda porque desde hacía varios meses fue objeto de actos de discriminación y porque según dijo intentaron abusarlo sexualmente.


Sin embargo, pese a que no hubo certeza de que existieran este tipo de hechos, la Corte Constitucional consideró que es pertinente que el Inpec inicie las acciones para esclarecer estos hechos y comenzar una atención integral a las personas que se han sentido de esta forma dentro de las cárceles.


Por ello, en este caso en particular, la Corte Constitucional ordenó que "INPEC y la Cárcel La Picota adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y las circunstancias en las cuales fue presuntamente desconocida la libertad sexual y la dignidad de XX, con el objeto de establecer qué fue lo que sucedió y poder así determinar la responsabilidad penal y disciplinaria a que haya lugar".