Tras fallar una tutela a favor de una abogada que fue víctima de señalamientos por parte de un concejal en Medellín, la Corte Constitucional determinó que cualquier persona, al igual que un periodista, tiene el deber de contrastar fuentes de información con el fin de no generar noticias falsas que perjudiquen el buen nombre y la honra de las personas. En ese sentido, la Corte señala que los mensajes de las personas a través de cualquier medio de comunicación, deberán tener sustento. En el fallo se advierte que el desconocer el principio de veracidad cuando la información se sustenta en “rumores, invenciones o malas intenciones” o, cuando pese a ser cierta, se presenta de manera tal que induce a error a su receptor”. El alto tribunal señala que pese a que la libertad de expresión es un derecho fundamental, no es un derecho ilimitado teniendo en cuenta que no puede vulnerar los derechos de otras personas.

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“En conclusión, la libertad de expresión comprensiva de la garantía de manifestar o recibir pensamientos, opiniones, y de informar y ser informado veraz e imparcialmente, es un derecho fundamental y un pilar de la sociedad democrática que goza de una amplía protección jurídica", precisa la decisión. Sin embargo, añade el fallo, este tipo de publicaciones supone "responsabilidades y obligaciones para su titular, ya que no es un derecho irrestricto o ilimitado, y en ningún caso puede ser entendido como herramienta para vulnerar los derechos de otros miembros de la comunidad, especialmente cuando se trata de los derechos al buen nombre, a la honra y a la intimidad”. Este pronunciamiento se hizo al tutelar los derechos de una abogada que consideró que con sus mensajes, el concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos vulneró sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la intimidad.

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En la tutela se indicaba que el cabildante publicó en una sesión del Concejo de Medellín del 29 de noviembre de 2016, así como en su sitio web y en su cuenta personal de la red social Twitter, información falsa relacionada con el proceso penal al que fue sometida en Estados Unidos en el 2011, y de su relación contractual con el Contralor General de Antioquia Sergio Zuluaga Peña. Dicha información fue posteriormente publicada en un periódico de circulación nacional.