La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el Decreto 249 de 2017 que establece la contratación por parte de la Policía Nacional para la erradicación manual de los cultivos ilícitos, como parte de la implementación de los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno y las Farc. Lo que trascendió es que los magistrados del alto tribunal encontraron que el Decreto expedido por el presidente Juan Manuel Santos, dentro de sus facultades especiales, no tenía la justificación suficiente en la refrendación de un acuerdo final para la terminación del conflicto y una paz estable y duradera. En el Decreto se había establecido que la Policía podía adelantar este tipo de contratos sin la necesidad de convocatoria pública pero dentro de los principios de transparencia, economía y estabilidad. Según el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Guillermo Guerrero, el Gobierno tenía otros mecanismos para avalar este tipo de contrataciones para la erradicación de cultivos ilícitos. “La inexequibilidad se adoptó con base en la consideración sobre la necesidad de justificar de acudir a la vía extraordinaria para expedir estas normas por decreto y no hacerlo por vía del congreso así sea por vía de fast track pero a través del procedimiento legislativo por el Congreso”, señaló el magistrado Guerrero. Afirmó que la Corte Constitucional quiere destacar “es que tiene que haber una clara justificación de acudir a esa vía en la medida que ello implica una reducción notable del espacio de deliberación democrática sobre estos temas”.