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Mauricio Lizcano // Foto: Colprensa



La Sala Penal de la Corte Suprema le abrió investigación preliminar al senador Mauricio Lizcano por su presunta participación en el escándalo conocido como el "cartel de la toga".

El alto tribunal tomó la determinación después de evaluar las declaraciones del exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno, quien salpicó al senador del Partido de la U.

En su declaración, Moreno aseguró que en una reunión en 2014 en Estados Unidos, el entonces magistrado de la Sala Penal, Leónidas Bustos le mencionó el cobro de 5 mil millones de pesos a un "cliente" de apellido Lizcano.

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Poco tiempo después de dicho encuentro, el abogado Leonardo Pinilla, procesado por estos hechos de corrupción,  le confirmó que "Lizcano" era en efecto el presidente del Senado, Mauricio Lizcano. 

"Después con posterioridad, Gerardo en un momento me dice 'oiga Gustavo tenemos un nuevo mejor amigo, y yo le digo ¿quién es? y él me dice 'el doctor Lizcano'. Es lo único de lo que puedo dar fe", declaró el exfiscal anticorrupción.

Sin embargo, al exfiscal anticorrupción no le consta que el senador hubiera pagado la suma de dinero exigida para desviar un proceso que se le adelantaba en el alto tribunal.

"No me consta que se haya dado un acto de corrupción (...) Ese caso nunca se dio, no me dieron un poder, no me consta que le hayan pagado, no conozco si había o no una decisión desfavorable futura en contra del señor Lizcano", señaló Moreno en su momento.

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Moreno dio detalles en sus declaraciones la manera en cómo "trabajaba" el exmagistrado Francisco José Ricaurte. En una oficina en el norte de Bogotá, el expresidente de la Corte recibía a los congresistas.

Por estos mismos hechos de corrupción en la Rama Judicial serán investigados los congresistas Martín Morales Diz y a Julio Gallardo Archbolt.

En el caso de Morales Diz -quien actualmente se encuentra privado de su libertad- se hizo mención al pago de una suma cercana a los mil millones de pesos para frenar un proceso. Sin embargo, después de analizar el caso, desistieron puesto que estaba relacionado con narcotráfico.

Mientras que a Gallardo, se le pidió una alta suma de dinero con el fin de interferir en el proceso por las irregularidades que se presentaron en un proceso de contratación para unas obras en la Cámara de Representantes.

Pese a que el pago sí se efectuó -según Moreno-para que se declarara la preclusión, el magistrado Bustos se arrepintió, devolvió el dinero y decidió llamarlo formalmente a juicio por los hechos materia de investigación. 

Finalmente, Moreno afirmó que se intentó favorecer judicialmente al excongresista Morales Diz a cambio de mil millones de pesos, pero el exmagistrado José Leonidas Bustos les dijo que eso era un caso de narcotráfico que allí no se involucraran.