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Corte Suprema de Justicia tumbó nulidades en el caso DMG en Cartagena

La sala de casación penal de la corte suprema de justicia concedió amparo al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en contra de la sala penal del tribunal superior de Cartagena, cuyos magistrados decretaron varias nulidades dentro del proceso que instruyó el juzgado único especializado contra 6 importantes industriales locales investigados por cometer presuntamente los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y cohecho.

El caso se relaciona con el operativo que la SIJIN hizo el 27 de octubre del año 2007, cerca de Pasacaballos, al inmovilizar un bus procedente del sur del país que
transportaba mas de mil ochocientos millones de pesos en efectivo girados por la captadora ilegal DMG para apoyar la campaña a la gobernación de Bolívar de Joaco Berrío Villarreal.

En ese procedimiento se capturó a todos los ocupantes del bus que custodiaban el dinero, los cuales aceptaron cargos y se acogieron a sentencia anticipada.

A la investigación fueron vinculados los industriales Samuel Schuster Bejman, José Antonio Vélez de la Espriella, Jorge Berrío Villarreal, Clímaco Orlando Villacorte Estrada, Ricardo Ojeda Botina y Jorge Ballardo Coral, señalados como los destinatario del dinero enviado por orden de David Murcia Guzmán.

La corte declaró nulo el auto dictado el 14 de marzo del presente año por la sala penal del tribunal superior de Cartagena dentro del proceso contra Jorge Berrío Villarreal y el resto de acusados, y ordenó que se conforme una nueva sala penal en este tribunal para que se pronuncie sobre las apelaciones propuestas contra el auto del día 5 de Julio de 2012 del juzgado penal del circuito especializado de Cartagena.

Asimismo, se ordenó a la secretaría del tribunal superior de Cartagena realizar un nuevo reparto del asunto, excluyendo a los magistrados que conformaron la sala que dictó la providencia mediante la cual se decretaron las nulidades a favor de los industriales.

Con esta decisión, la Corte resuelve una acción de tutela que presentó la procuraduría 83 judicial II de Cartagena en contra de la sala penal del tribunal por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales, actuación a la cual fueron vinculados el juzgado único penal del circuito especializado, la fiscalía octava delegada para la extinción del derecho del dominio y lavado de activos y la unidad delegada ante el tribunal superior de Cartagena.

Según la procuraduría delegada, el Tribunal incurrió en graves errores al decretar la nulidad del proceso, ya que se restablecieron las garantías a varios de los procesados por supuestos vicios en el operativo policial que terminó con la incautación del dinero y se desconocieron las pruebas logradas mediante interceptaciones telefónicas dispuestas contra la cúpula de la captadora ilegal DMG.

Bajo ese contexto, la corte suprema de justicia se pronunció en las últimas horas señalando que en la decisión cuestionada se omiten ejercicios básicos de fundamentación en lo que respecta, por ejemplo, a la acreditación de que en el caso concreto se evidenció una situación de “coerción de tipo psicológica” de tal magnitud que no solo configuró un vicio con la capacidad de alterar la regular práctica probatoria, sino que, implicó un impacto tan fuerte para los derechos humanos de los involucrados, que la única alternativa posible era la declaratoria de nulidad de toda la actuación.