La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó claro que el narcotráfico es conexo al delito de rebelión para miembros de grupos insurgentes pero advirtió que éste no sería un impedimento para emitir conceptos favorables para extraditarlos. La Corte Suprema en otras jurisprudencias ha advertido que si bien el delito de rebelión puede ser conexo al político y por lo tanto indultable, se deberá estudiar cada caso frente al narcotráfico, siempre y cuando se tenga en cuenta que esta acción delictiva se hizo para financiar la insurgencia contra el Estado. "Esta Sala ha decantado que la actividad delictiva constituida de narcotráfico, ocurrida en las circunstancias señaladas, de ninguna manera puede considerarse como un factor impediente de una solicitud de extradición, no solo porque el legislador no lo ha estimado así, sino porque la misma comunidad internacional le niega ese carácter", señala el concepto de la Corte Suprema. El concepto que realizó el alto tribunal, con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier, fue realizado tras analizar la solicitud de extradición de Juan Vicente Carvajal Isidro, alias 'Misael', quien presuntamente actuó como director financiero del frente 10 de las Farc. En este caso en particular la Corte Suprema señala que si bien alias 'Misael' hizo alusión como jefe financiero de las Farc y recolectó a nombre de ese grupo pagos conocidos como impuestos de productores de cocaína en áreas controladas por dicho grupo insurgente, ello lo que evidencia es la conexidad del tráfico de estupefacientes con la rebelión. Para la Corte Suprema de Justicia no existe impedimento constitucional ni legal para la extradición solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos, debido a que los actos presuntamente desplegados por este hombre traspasaron las fronteras nacionales y lo podrían comprometer con delitos de tráfico de estupefacientes desde el 2003 al 2011. Hay que decir que frente a este tipo de conceptos de extradición y que sean avalados por la Corte Suprema de Justicia al considerar que reúnen los requisitos establecidos dentro de las normas constitucionales, será el Presidente de la República quien dé la última palabra para aprobar o no la extradición.