Cruce de versiones por donación de tejidos fetales llega a la C. Constitucional

Toda una polémica se ha generado en torno a una demanda contra la ley de donación de órganos que avanza en la Corte Constitucional. El despacho del magistrado José Fernando Reyes tiene en sus manos un cruce de versiones sobre la posibilidad de donar los tejidos de los bebés que nacen sin vida.

El Instituto Nacional de Salud (INS) envió una comunicación al despacho del magistrado, asegurando que en ningún momento se ha reportado la distribución de tejidos de bebés no nacidos para donación, desmintiendo al grupo de demandantes que al parecer dicen lo contrario.

“El INS aclara que la información relacionada por las demandantes (...) ‘efectos de la donación de tejidos fetales en la población colombiana’, no corresponde a la realidad. El INS no reportó distribución de tejidos fetales cómo se afirma en la demanda”, dice la comunicación.

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Los demandantes piden a ese tribunal modificar la ley de donación de órganos y permitir el uso de los tejidos de los bebés no nacidos, bajo el argumento de que su uso permite ahondar en investigaciones para mejorar tratamientos de enfermedades graves.

El Instituto señaló en un informe que aparentemente fue usado por los demandantes ante la Corte en 2016, “jamás se menciona la palabra ‘fetales’, como los tejidos que han sido usados para donación en el país, debido a que nunca se ha usado ese tipo de órganos para tal fin.

El Instituto explicó que en dicho informe sólo se habla de órganos de adultos o niños fallecidos, es decir, “1.914 tejidos oculares, 13.870 tejidos osteomusculares, 683 tejidos de piel, 59 tejidos vasculares, todos provenientes de donantes cadavéricos”.

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El documento señala que en el 2016 se reportó un total de 225 tejidos osteomusculares provenientes de donantes vivos y “la distribución de 414 tejidos de membrana amniótica, proveniente de la placenta de madres restantes que donan después de dar a luz a su bebé”.

La comunicación también advierte que los demandantes sacaron conclusiones erradas del informe del Instituto y por tal razón piden a la Corte Constitucional no tener en cuenta sus argumentos, ya que “se construye por parte de los demandantes con base en esta interpretación errada, carece de fundamento”.

Los demandantes dicen que la prohibición de usar los tejidos de bebés no nacidos también podría vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de las personas, bajo el argumento de que podría usarse para “establecer el momento en que puede practicarse la interrupción voluntaria del embarazo”.

La polémica se genera con relación a la demanda contra la ley 1805 de 2016, que establece que "no pueden ser donados ni utilizados órganos o tejidos de los niños no nacidos abortados".