Cuatro de cada diez universitarios en Colombia aceptó haber usado drogas

Gabriel Echevarría, presidente del Instituto de Ciencia Política y experto en seguridad, aseguró que es urgente que el Estado tome acciones para prevenir el uso de cualquier tipo de droga ilegal, ya que cuatro de cada diez estudiantes universitarios ha aceptado haberlo hecho. 

“Según un estudio que nos compartió la Policía, cuatro de cada diez universitarios probaron droga, por lo que desde el Instituto tenemos la preocupación, ya que un estudiante que consuma droga no tiene las mismas oportunidades frente a uno que no consume; por eso es tan importante que trabajemos en conjunto contra ese fenómeno”.

Además, agregó que “el microtráfico en Antioquia genera en Colombia más de 3.000 millones de pesos al año a favor de las bandas criminales (...) lo que representa que el narcotráfico está generando una pérdida de soberanía en el país y en la región". 

La preocupación por el uso de drogas ilegales en universitarios se dio a conocer durante un conversatorio de la Dian en el que participaron la Policía, la Fiscalía y expertos en seguridad y economías ilegales.

El presidente Iván Duque había anunciado este miércoles que dentro de una estrategia de lucha en contra de las drogas las autoridades confiscarán cualquier dosis que esté en las calles del país.

Duque expresó que ese plan va de la mano para lograr entornos seguros en colegios y espacios de esparcimiento como parques, con una prevención que evite que los delincuentes afecten a los jóvenes con un consumo de drogas.

“Vamos a avanzar también en la confiscación de cualquier dosis de drogas que esté en las calles de Colombia, queremos una sociedad que se libere de las drogas y queremos una previsión desde el colegio y la familia”, sostuvo Duque.

El mandatario reiteró que el Gobierno nacional respaldará la iniciativa legislativa de Asocapitales que pretende que se tumbe desde el Congreso de la República la dosis de aprovisionamiento.

Justamente, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y alcaldes de diferentes ciudades capitales radicaron a finales de julio un proyecto de ley que endurece las penas a los expendedores de drogas en el país y pone condiciones para el porte de la dosis mínima que ya fue aprobada por el Gobierno.
 
Este proyecto de ley tiene como finalidad sancionar drásticamente a quienes induzcan a los niños al consumo de drogas y a quienes promueven al narcomenudeo, principalmente en puertas de centros educativos y espacios públicos como campos deportivos.

Otro de los objetivos de este proyecto de ley, de autoría del Fiscal General y alcaldes de las capitales del país, es combatir la ciberdelincuencia como uno de los principales focos del narcomenudeo en niños y adolescentes.
 
Según explicó el fiscal Néstor Humberto Martínez, se ha detectado que los traficantes portan pequeñas cantidades de sustancias fraccionadas y empacadas, con el fin de evadir a las autoridades, valiéndose de lo que dicta la ley.
 
"Los jíbaros son confundidos fácilmente con personas que, en ejercicio de sus libre desarrollo de la personalidad, consumen sustancias estupefacientes", afirmó.