Debate en la Corte por delimitación de línea negra de pueblos indígenas
Los magistrados discuten el decreto del expresidente Santos para proteger sitios sagrados de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene en sus manos una decisión trascendental sobre la delimitación del territorio sagrado de los pueblos indígenas arhuacos, koguis, kankuamos y wiwas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La discusión se centra en el decreto 1500 de 2018 expedido por el gobierno del hoy expresidente Juan Manuel Santos, que amplió el territorio sagrado de esos pueblos de 54 puntos a 348, contemplando los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar.
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El decreto reconoce 348 puntos sagrados de los pueblos indígenas, que se refieren a ellos como ‘la línea negra’, entendida como ‘el corazón del mundo’ y se extiende sobre esos terrenos una protección especial que obliga a consultar previamente a las comunidades frente a cualquier intervención del territorio.
El punto álgido es que sobre ese lugar que sería sagrado, se ubican ciudades, resguardos, parques nacionales, en total 25 municipios y se extienden además cerca de 400 títulos mineros vigentes que los indígenas, a través de tutela, quieren frenar por no contar con la consulta previa, basándose en el decreto del anterior gobierno.
La ponencia está en manos del magistrado José Fernando Reyes, quien al parecer protege el derecho de las comunidades indígenas a su territorio ancestral, deteniendo la adjudicación de licencias mineras y otros proyectos mientras no exista la consulta con la comunidad, pero algunos magistrados consideran que el tema es espinoso.
Lo anterior debido a los efectos que podría tener la aplicación pura y simple del decreto del pasado Ejecutivo sobre la propiedad privada y otros proyectos en curso.
De todas maneras, la decisión en la Sala Plena está en términos suspendidos, mientras cada despacho busca una fórmula para no paralizar el país en esa región y al mismo tiempo proteger los derechos de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada.
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La Corporación Dejusticia presentó un concepto a la Corte Constitucional en el que recuerda que en el 2014 se ordenó la suspensión de un título minero que había sido otorgado dentro de la Línea Negra sin consulta previa de las comunidades.
“La Corte marcó un hito al afirmar que los derechos de los pueblos kogui, arhuaco, kankuamo y wiwa, como habitantes de ese territorio, deben ser protegidos, aunque Línea Negra no esté constituida como resguardo”, señaló.
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