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La Comisión de Política Criminal Electoral expresó su respaldo a las recientes decisiones adoptadas por la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría General y el Consejo Nacional Electoral frente a políticos y otros implicados en hechos de corrupción no son producto de una persecución política o de un capricho.

Según la comisión, toda persona que infrinja las normas, más aún con miras a las próximas elecciones, está sujeta a los resultados de la labor de las autoridades y ninguna de ellas está llamada a renunciar al ejercicio de su función por razones, pareceres o preferencias políticas.

De igual forma, señaló que las determinaciones administrativas o judiciales que han sido ejecutadas se basan y se justifican en las pruebas y evidencias recaudadas en el interior de cada proceso.

“Las decisiones que les fueron encargadas por la Constitución y la ley a las entidades con funciones jurisdiccionales o administrativas sancionatorias no tienen otro propósito que garantizar la vigencia del Estado de Derecho”, indicó la Comisión de Política Criminal Electoral a través de un comunicado.

Asimismo, dejó en claro esta comisión que las decisiones judiciales y administrativas no son oportunas ni inoportunas, son las que se deben tomar al interior de un proceso en los tiempos en que la dinámica del mismo determine.

“La Ley 1864 de 2017 ha ordenado al Estado colombiano adelantar una urgente, decidida y profunda pedagogía electoral con el fin de movilizar a la ciudadanía a exigir que se respeten sus derechos a elegir a sus representantes y a ser elegidos. Es necesario garantizar un proceso electoral transparente, alejado de cualquier práctica corrupta”, enfatizó la Comisión de Política Electoral.