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Foto: Colprensa-Defensoría del Pueblo



La Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de 13 personas en Magui Payán y el secuestro de un familiar de un líder de la zona, quién sería un disidente de las Farc, por parte del ELN; el Defensor Carlos Negret aseguró que el hecho constituye una violación del cese al fuego entre el gobierno y esa guerrilla.

La Defensoría indicó que :“La comisión de la Defensoría verificó con la población que en la vereda Pueblo Nuevo, fueron hallados cuatro cadáveres, dos de ellos hermanos oriundos de dicha vereda e integrantes de “Resistencia Campesina”, identificados como Álvaro Cuero y Nilson Samuel Cuero. El tercer cuerpo corresponde presuntamente a alias Uriel, proveniente de una vereda del río Tapaje en el Municipio del Charco. El último de estos cuerpos pertenecería a Héctor Segundo Borja Estupiñan, que, según la información de la comunidad, padecía una discapacidad mental.

Y agregó, “así mismo, otros dos cuerpos fueron sepultados el día miércoles 29 de noviembre en horas de la tarde en la vereda Ricaurte y, según información de la comunidad, eran miembros de la población civil. Los restos corresponden a Yensi Carolina Orobio Arboleda, de 22 años de edad y en embarazo, y Dubán Maquines Ordoñez". Lea también: Corte Suprema negó beneficios del acuerdo de paz a integrantes del ‘Clan del Golfo’)

Negret aseguró que los hechos ocurridos son muy graves y la comunidad de la zona se encuentra temerosa por lo que se encuentran en estado de confinamientos.

“Lo que ha encontrado la Defensoría es que la comunidad está confinada. No ha podido salir a trabajar, a cultivar y los niños no han podido ir a sus escuelas. Hago un llamado para que el Estado proteja a la población civil que sufre esta situación”.

Ante la gravedad de los hechos, Negret insto a las autoridades para que garanticen la protección de estas comunidades de manera urgente.

“Es necesario que el Estado llegue con oferta institucional a todo el Andén Pacífico en donde la Defensoría ha evidenciado el confinamiento que sufren los campesinos, que por acción de grupos violentos no pueden desplazarse, realizar sus actividades de campo o estudio. “Necesitamos al gobierno dando asistencia a todas la veredas más recónditas”, indicó Negret.