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La entidad se mostró confiada en que la decisión final sobre la erradicación de cultivos ilícitos en Catatumbo evite las fumigaciones. La Defensoría del Pueblo confió en que se eviten las aspersiones con glifosato en la región del Catatumbo (Norte de Santander) y se mantenga el principio de precaución acogido por el Gobierno recientemente. El pasado 27 de abril, en virtud de un estudio publicado por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, adscrita a la OMS (Organización Mundial de la Salud) el Ministerio de Salud recomendó al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender las fumigaciones. La Defensoría consideró prioritario proteger los derechos a la salud y al medio ambiente, como lo señaló la Corte Constitucional a través del auto 073 de 2014, en el que solicitó al Gobierno la aplicación del principio de precaución, antes mencionado. Además, recordó que entre febrero y marzo de 2015, realizó una visita a 10 comunidades indígenas asentadas en los municipios de Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón, en el departamento del Putumayo, donde entrevistó a 1.378 personas (378 familias) porque manifestaron presentar problemas de salud como consecuencia de las fumigaciones. Los pobladores denunciaron la contaminación de al menos 15 fuentes hídricas, así como se echaron a perder cultivos de caucho, maíz y plátano, entre otros productos como consecuencia de las aspersiones. Finalmente, la Defensoría señaló que en el caso del Catatumbo, los acuerdos suscritos con las comunidades otorgan una especial importancia a los programas de sustitución voluntaria, razón por la que la entidad considera pertinente privilegiar dicha estrategia y avanzar en soluciones concertadas para la erradicación de los cultivos ilegales.