Defensoría del Pueblo advierte sobre riesgo inminente por amenazas de guerrilla entre Pereira y Quibdó

La Defensoría del Pueblo recomendó emitir una alerta de Riesgo Inminente para la población civil ubicada en la periferia de la vía que de Pereira comunica a Quibdó en Risaralda y que afecta a habitantes de los municipios de Apía, Pueblo Rico y Santuario, así como a pobladores de Chocó y del departamento de Caldas; lo anterior por las amenazas proferidas por la guerrilla y que obligaron a la suspensión del transporte de carga y de pasajeros en este corredor vial desde el primero de febrero y hasta el 20 del mismo mes.
En un comunicado enviado el 30 de enero al ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno, la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas indica que deben tomarse medidas urgentes para proteger a los pobladores de los municipios ubicados sobre la carretera que conduce de Quibdó a Pereira, que afecta a la población civil de los municipios Pueblo Rico, Apía y Santuario en el Departamento Risaralda, Riosucio y Anserma en el Departamento Caldas, y Quibdó, Atrato, Cértegui, Cantón de San Pablo, Unión Panamericana y Tadó, en el Departamento Chocó.

El mismo informe cita una solicitud de alerta temprana sobre la población de Pueblo Rico, emitida el 17 de enero de este año, también por presiones de grupos como las Farc, ELN y la banda criminal Los Rastrojos.
El nuevo informe se refiere además a amenazas proferidas por las Farc para obligar a la ciudadanía a un cese de actividades e indica textualmente que "Las amenazas proferidas por este grupo armado ilegal contra la población civil de los municipios que se hallan en la proximidad de la carretera Quibdó – Pereira y las presiones para que acaten la declaratoria de paro armado a partir del 1 de febrero se constituye en una grave infracción de las normas del Derecho Internacional Humanitario que establece la obligación de respetar a quienes no participan directamente en las hostilidades".

Los temores de la Defensoría del Pueblo llevan a recomendar a las autoridades gubernamentales y fuerza pública, tomar acciones urgentes; "...ante la eventualidad que el Frente Aurelio Rodríguez de las FARC realice el paro armado que ha anunciado, se prevé vulneraciones a los derechos fundamentales e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la guerrilla que se podrían materializar en restricciones a la movilidad de la población civil, limitaciones al servicio de transporte de pasajeros, carga y medicamentos, instalación de retenes ilegales, desabastecimiento alimentario, ataques contra bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, atentados contra la vida e integridad de los pobladores, atentados con artefactos explosivos, incineración de vehículos, hostigamientos y ataques armados con efectos indiscriminados, amenazas de muerte, confinamiento o desplazamientos forzados, afectaciones a la prestación de servicios esenciales como la educación, la salud, el transporte, sobre todo en las zonas rurales, comercio, etc".

Alberto Wazorna, delegado ante la Organización Nacional Indígena de Colombia Onic dijo a RCN La Radio noticias de Risaralda que en los últimos días cerca de 120 familias se han desplazado a otros municipios cercanos debido a las intimidaciones por grupos armados y otras 15 han sido amenazadas; cerca de 14 mil integrantes de la comunidad indígena se encuentran en peligro.