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La Procuraduría General de la Nación llamó la atención del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que son las entidades encargadas de la administración de los peajes a nivel nacional, tras advertir sobre un posible aumento de demandas tras no aumentar las tarifas de los peajes. 

La preocupación se enfoca principalmente en la posibilidad de que los proyectos de infraestructura que actualmente avanzan, estén en riesgo de quedar inconclusos por falta de recursos para su financiación. 

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Según la entidad, la decisión tomada por el Gobierno Nacional en un decreto de enero del 2023, representa “un riesgo a la gestión público y las finanzas de todos los colombianos”, pues en total son 143 peajes administrados entre el Invías (13) y la ANI (113). 

En el oficio, el delegado primero para la gestión pública asegura estar de acuerdo con el estudio financiero realizado por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) frente a no reajustar dichas tarifas, pues para el 2023, debía realizarse un aumento del 13%. 

El funcionario explica que en este estudio de la organización, se aclara que no realizar el aumento podría generar un detrimento patrimonial de aproximadamente un billón de pesos a los concesionarios encargados de realizar las obras de infraestructura vial. 

Adicionalmente, alertan sobre un probable déficit fiscal “que podría conllevar a una obligación adicional para el Estado y todos los colombianos, de cubrir dichos recursos hasta alcanzar un nivel de cerca de $13,8 billones al año 2040”

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El delegado asegura que esta situación genera incertidumbre, por lo que pidió al Invías y a la ANI que den información sobre un plan de contingencia para evitar este posible detrimento patrimonial que alerta por el organismo disciplinario, además de pedir que aporten recursos al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, pues de no hacerlo podrían afectar los recursos de las entidades.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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