Denuncian expulsión de ciudadano venezolano que grabó casa del presidente Duque

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Dejusticia y la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes denunciaron la expulsión, por parte de Migración Colombia, de Miguel Ángel Calderón Quintero, un ciudadano venezolano que fue detenido en Bogotá por grabar un video donde mostraba la casa del presidente Iván Duque.  

De acuerdo con la plataforma Dejustica "los hechos ocurren bajo un contexto de alta polarización social que experimenta el país, luego de las manifestaciones que se han realizado desde noviembre de este año y donde se han documentado actos de agresión en contra de personas venezolanas".  

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Miguel, según reveló el portal, es esposo de una colombiana, padre de una niña y reside en Colombia desde 2016, con un trabajo como repartidor. El ciudadano, quien cuenta con el Permiso Especial de Permanencia (PEP), habría sido acusado de presentar un riesgo para la seguridad nacional y por esta razón sería expulsado y conducido hacia territorio venezolano en la tarde de este martes 17 de diciembre. 

Carolina Moreno, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, y abogada de Miguel Calderón, señaló que "la decisión de Migración Colombia está fracturando una unidad familiar, compuesta por un padre migrante con una situación regular, una esposa colombiana y una menor de seis años, quienes se quedan atrás sin sustento porque era Miguel quien proveía todo lo del hogar". 

De acuerdo con Moreno, "hay preocupación por los marcos normativos que rigen en Colombia para los procesos de expulsión y deportación por razones de seguridad nacional", y señaló que se han vulnerado los derechos como el debido proceso que no deben ser vulnerados por tener el estatus de migrante.  

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Calderón, según Dejusticia, fue acusado de  ser un espía y  fue detenido en la vía pública después de grabar un video en el que muestra la calle en la que se encontraba y en el que indica que en esa área vivía el presidente de la República. "Su objetivo era informarle a su esposa que se estaban tomando medidas de seguridad en la zona cerca de donde él y su familia viven". 

Para Francisco Quintana, director del programa para la región andina, Norteamérica y el caribe del Cejil, "es lamentable que, a pesar de los avances propuestos por el Estado colombiano frente a la población migrante y refugiada venezolana, los discursos xenófobos se mantengan arraigados e impacten las vidas de las personas más vulnerables y sus familias”.   

Entre tanto, Migración Colombia reveló que "tras conocerse el fallo emitido por el Juzgado Sesenta y Tres Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, que niega por improcedente la acción de amparo (...) Al no encontrar vulneración a los derechos fundamentales alegados, la Dirección de la Regional Andina de Migración Colombia ha determinado continuar con la ejecución de la medida de expulsión impuesta al ciudadano extranjero".  

El fallo que se conoció este martes (12 de diciembre), señalan que la Juez Sesenta "no solo niega el amparo solicitado por Calderón Quintero, sino que además afirma que no se evidencia que en el procedimiento adelantado por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia se haya adoptado determinaciones caprichosas o arbitrarias, sino que por el contrario lo decidido es producto del adelantamiento de una actuación administrativa”. 

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El director de la Regional Andina, Henry Corredor, desmintió que al ciudadano venezolano se le ha violado el debido proceso, e indicó que se le ha brindado buen trato, así como la oportunidad de contactarse con sus familiares y abogados.  

“Es preciso señalar que dentro del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la Regional Andina al señor Miguel Ángel Calderón Quintero, el mismo se llevó acabo con pleno apego a la normatividad vigente garantizando los derechos fundamentales de este ciudadano venezolano”, afirmó Corredor. 

La decisión de Migración Colombia implica que Calderón Quintero no podrá ingresar al país por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha. Luego de este periodo de tiempo podrá ingresar nuevamente al territorio colombiano portado una visa emitida por la Cancillería de Colombia. 

La autoridad advierte que "no vamos a permitir que los actos de unos cuantos ciudadanos extranjeros afecten el orden público, la seguridad nacional y sobre todo la buena imagen de aquellos venezolanos que han llegado a Colombia a trabajar por un mejor país".