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Más de 2 mil familias esperan los recursos para los proyectos productivos.
Foto archivo

El representante a la Cámara, José Daniel López, denunció este jueves que el programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS) estaría a punto de quedar desfinanciado en $347.000 millones, en el proyecto de ley de presupuesto para el 2022 que actualmente se tramita en el Congreso. 

Según el representante, la desfinanciación podría darse por el cambio de destino del impuesto al carbono que se decidió en la pasada Reforma Tributaria.

"Antes, el 70% del recaudo del impuesto al carbono iba para la implementación del acuerdo de paz. Pero por una proposición de última hora que presentaron algunos congresistas del Centro Democrático en la pasada reforma tributaria, se decidió que el 100% del recaudo se destinaría al Fondo Nacional Ambiental. Creándose así un déficit de $347.000 millones para ejecutar los proyectos del PNIS en el año 2022".

“Hago un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda y a los ponentes del proyecto a salvar este programa. Son 28.560 familias campesinas que, pese a la violencia y la pobreza en sus regiones, le apostaron a la legalidad y a un cambio de vida. 

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En sentido, consideró que las familias "no tienen porqué pagar los platos rotos de las diferencias políticas de sus gobernantes". 

Cabe recordar que el programa busca beneficiar a 80.000 familias campesinas. Agregó López que "con los recursos que dejarán de recibir en el 2022, se había proyectado atender al 41% de familias que hacen falta por proyectos productivos de ciclo largo y asistencia técnica integral, ubicadas en Cauca, Córdoba, Nariño y Norte de Santander, departamentos donde la pobreza supera el 50% de la población".

“De no contar con los recursos proyectados para el próximo año, la ruta de intervención del PNIS para el 2022 se extendería hasta el 2024 y las familias se quedarían sin atención, justo cuando más lo necesitan por los agravantes de la pandemia. ¡No lo podemos permitir, se trata de las familias más pobres del país!”, dijo el representante.

Por su parte, Pastor Alape, delegado del partido Comunes ante Consejo Nacional de Reincorporación, manifestó que a las familias les preocupa hoy su actual situación. 

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"Este Gobierno ha impulsado estrategias que finalmente terminan promoviendo nuevas siembras y resiembras en territorios donde ya la gente había arrancado las matas de coca, por ejemplo, el caso de Briceño (Antioquia) donde la gente por falta de recursos no ha podido hacer el tránsito a la legalidad", indicó. 

Además, Alape explicó que el programa empezó con tres billones y con "este Gobierno se pasa a 97.500 millones, por eso lo ideal es que se fortalezca y no ocurra que se reactive la siembra como ocurre en regiones del Pacífico". 

Concluyó que le han pedido al Gobierno implementar el punto cuarto del acuerdo de paz y solicitar al Gobierno de Estados Unidos sus aportes para solucionar la problemática. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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