Departamentos necesitan ocho billones de pesos para reducir hacinamiento en cárceles
El hacinamiento, que llega 45,6 por ciento, afecta por igual los derechos de presos que purgan condenas y a los sindicados.
De acuerdo con el director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, los recursos con los que cuentan las entidades territoriales para atender la situación en las cárceles del país, una de las funciones bajo su responsabilidad, “son exiguos”.
Las cifras reveladas por el Ministerio de Justicia indican que “115.383 internos que hay en las cárceles del país deben acomodarse en espacios originalmente reservados para 79.211 reclusos, de acuerdo con las estadísticas más recientes”.
Un estudio hecho por la Federación Nacional, con base en cifras del Gobierno, aún en proceso de consolidación, señaló que “reducir ese hacinamiento a un límite razonable del 10 por ciento demandaría inversiones cercanas a los ocho billones de pesos”.
Entretanto, en los departamentos y municipios que tienen a cargo aquellos centros de reclusión provisional reservados para personas contra las que la justicia penal ha decretado medidas de aseguramiento intramural, el hacinamiento llega en algunos casos al 20 por ciento.
En junio del presente año el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, les pidió a las entidades territoriales un mayor esfuerzo para enfrentar el problema y consideró que con el concurso de departamentos y municipios el hacinamiento podría llegar al uno por ciento.
Sin embargo, para Camargo “el mandatario de la época no acompañó sus observaciones con un análisis sobre los recursos presupuestales disponibles para que las entidades territoriales cumplieran con esa colosal misión”.
El director de la Federación explicó que actualmente, “los recursos de los departamentos para la atención de estos establecimientos dependen exclusivamente de componentes del fondo de regalías”.
Sin embargo, advirtió que “tales recursos son exiguos en la medida en que deben ser usados para atender varias de las responsabilidades asignadas por el Estado a las entidades territoriales”.
Ante esta situación, los gobernadores insisten ante el Gobierno Nacional sobre “la necesidad de hacer un análisis ponderado de la situación y redefinir el sistema de asignación y responsabilidades de los departamentos a la luz de la compleja situación que se plantea”, indicó la Federación.
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