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Corte Constitucional / Foto Colprensa - Juan Páez


El 9 de abril es la fecha límite que tiene la sala plena de la Corte Constitucional para definir si mantiene en firme la sentencia que favoreció a las madres comunitarias vinculadas al programa Hogares Comunitarios de Bienestar, con el pago de aportes a la seguridad social en pensiones.

El despacho del magistrado Alberto Rojas Ríos recibió una solicitud de nulidad al auto 186 de 2017 que ordenó al Icbf pagar a nombre de cada una de las 106 madres comunitarias los aportes parafiscales en pensiones desde la fecha de vinculación al programa al 12 de febrero de 2014.

Según el abogado Juan Pablo Mantilla, defensor de las madres, “lo que quieren es tumbar el derecho de esas mujeres para que se puedan pensionar”. En la decisión de la Corte se lee el nombre de cada una de las madres en edades que oscilan entre los 57 y 82 años de edad, quienes piden el respeto por sus derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social, dignidad humana y mínimo vital.

“En la tutela acusada se indica y explica que ese desconocimiento fundamental causado por el ICBF implicó un trato discriminatorio de género que se caracterizó por ser público, compuesto, continuo, sistemático y de relevancia constitucional, el cual permaneció por un lapso considerable, a pesar de que algunos instrumentos internacionales y la Carta Política consagran la garantía de prohibición de discriminación de género en el trabajo”, señala una de los partes de la decisión.