La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Marta Lucía Olano Noguera, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, advirtieron al Gobierno nacional que los dineros de extinción de dominio no pueden ser utilizados para administrar los bienes de las Farc.

En una carta de dos páginas dirigida al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, el fiscal Martínez y la magistrada Olano le realizaron una serie de reparos por los alcances del Decreto 1535 emitido el 15 de septiembre de este año.

En la comunicación aseguran que “con la expedición del Decreto 1535 de 2017 se desborda la competencia reglamentaria del ejecutivo, pues se está dando una destinación diferente a la fijada por la ley a los recursos del FRISCO que administra la Sociedad de Activos Especiales”.

En su carta sostienen que el presupuesto del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO), tiene destinaciones específicas, particularmente el fortalecimiento de la justicia y de la Fiscalia, y no para sufragar todos los gastos necesarios para administrar y disponer de los bienes inventariados por las Farc, que tienen por finalidad un fondo distinto.

En la carta se enfatiza que “por lo demás, debemos manifestarle que celebramos que estén definiendo los asuntos relacionados con la efectiva entrega de los bienes que poseen las Farc, pero su administración no puede hacerse con cargo al FRISCO a riesgo de emplear dineros públicos en actividades que legalmente no le están autorizadas”.