La Fiscalía General de la Nación consideró que es necesario que se realicen diligencias judiciales para que rindan interrogatorio los exrepresentantes legales de Electricaribe, el español José García Sanleandro y Benjamín Gustavo Payares, quienes tendrían conocimiento de las irregularidades en contratos por más de 150 mil millones de pesos.

De igual forma el ente acusador tomará la versión de los exalcaldes de los municipios de Chinú, Orlando Medina; el de Uribia, Abel Giacometto Fumina y Magangué, Marcelo Torres.

La Unidad Nacional Anticorrupción evidenció que estas personas tendrían conocimiento de las acciones irregulares que se dieron en el marco de la ampliación de la cobertura de Electricaribe en otras zonas del país.

Los llamados a interrogatorio deberán explicar el destino que se le dieron a los dineros girados por el Ministerio de Minas y Energía en el año 2012, momento en el que la electrificadora habría destinado más de 41 mil millones para el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales Interconectadas (FAER) y 107 mil millones para el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE).

Lo que busca el organismo judicial es establecer que, si bien fueron otorgados los dineros para la ejecución de las obras, no se cumplieron los contratos por parte de Electricaribe.

En el caso de los tres exalcaldes llamados a interrogatorio, la Fiscalía establecerá si recibieron dádivas por cuenta de los contratos que estaban predeterminados y las razones por las cuales habrían omitido sus funciones de vigilancia ante los incumplimiento de la cobertura eléctrica prometida por la empresa.