Cristina Plazas, directora del ICBF / Foto de @ICBFColombia

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, justificó la decisión del presidente Juan Manuel Santos de objetar la ley que beneficiaba a las madres comunitarias del país y advirtió que, si se sancionaba, quebraría la entidad.

Para Plazas, la ley –que ordenaba que las madres comunitarias fueran contratadas directamente por el Estado y no por asociaciones, como ahora ocurre- obligaba al Bienestar Familiar a "crear 256 mil nuevos cargos en la planta del Instituto, lo que sería imposible".

"Crearlos acabaría con el Instituto (…) quebraría al ICBF y por esta razón decimos que no. Además, que las madres desde el 2014 tienen garantizados sus recursos por medio de las asociaciones que ellas mismas han creado", dijo Plazas a los periodistas en Bogotá.

El presidente Juan Manuel Santos objetó por inconstitucionalidad el proyecto de ley 127 de 2015, que buscaba que las madres comunitarias tuvieran contratos directos con el Estado a termino indefinido y garantizar los derechos a salud, pensión y riesgos profesionales.

Dentro de los argumentos que presentó Santos para objetar la ley está que generaría un incremento en las finanzas públicas, con un aumento de $769 mil millones, al pasar de 6 mil a 61 mil madres comunitarias contratadas por el Estado a través del ICBF.

De hecho, el presidente recordó que el Ministerio de Hacienda (el encargado de las finanzas públicas) dio concepto negativo a esta ley por el impacto fiscal para el país.

Otro de los argumentos que presentó el presidente, Juan Manuel Santos, para objetar la ley es que se excluiría a otros tipos de entidades que prestan el servicio de atención integral a la primera infancia, como por ejemplo las Cajas de Compensación Familiar, ya que todo estaría a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Un argumento más del Jefe del Estado es que el Congreso no tiene la facultad de modificar las entidades sin el consentimiento del Ejecutivo, por lo que esta ley modificaría las funciones del ICBF.

Asimismo el Gobierno aseguró que desde 2014 las madres comunitarias ya reciben un salario mínimo y gozan de protección laboral a través del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar.

Salarios no se verán afectados: Plazas

La directora Bienestar Familiar, Cristina Plazas, sostuvo que esta objeción no va a afectar los actuales salarios de las 79 mil madres comunitarias del país.

"Quiero dar un parte de tranquilidad a los colombianos, que la objeción al proyecto de ley no va en contravía a sus derechos laborales, desde 2014 se aprobó una ley que cobija a las madres comunitarias, un contrato de trabajo con todas sus prestaciones laborales, salud, educación, vacaciones, cesantías y primas", afirmó Plazas.

La directora del ICBF indicó que lo que busca el proyecto de ley es que las madres comunitarias se conviertan en funcionarias públicas, "lo que quiere decir que habrán 64 mil nuevas plazas de trabajo en el Instituto", lo que le costaría al Estado más de 800 mil millones de pesos, "con ese dinero atenderíamos a 400 mil niños más".

Y añadió: "Lo que estamos buscando recursos es para poder tener una cobertura universal en la atención a la primera infancia de manera integral".