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Ese tribunal estudiará una sentencia que en el 2017 suspendió el uso del herbicida por afectación a la salud y el ambiente.

La fumigación de cultivos ilícitos con glifosato en Nariño
La fumigación de cultivos ilícitos con glifosato.
Colprensa
La Sala Plena de la Corte Constitucional iniciará las discusiones sobre el uso del Glifosato en la próxima sala plena que está programada para el miércoles 17 de julio. La discusión se centrará en el estudio de la sentencia de la tutela T- 236 de 2017, con la que se suspendió el uso del herbicida por considerar que afectaba la salud y el medio ambiente en el municipio de Novita en el departamento del Chocó.
 
En varias oportunidades la Corte Constitucional ha reiterado que el Gobierno debe cumplir con seis requisitos para eliminar la erradicación manual de cultivos ilícitos y volver a las aspersiones.
 

Ese tribunal destacó que también debe existir consulta previa con las comunidades étnicas, con el fin de conocer si han sufrido afectaciones por el uso del glifosato, además de proteger la cultura de algunas comunidades indígenas.

La Corte Constitucional señaló que debe existir una investigación científica que certifique la ausencia de daño para la salud de las poblaciones aledañas y el medio ambiente, a través del uso de ese herbicida.

Cabe mencionar que en esas discusiones, el Gobierno debe presentar pruebas ante la Corte de que el uso del glifosato no causa daños a la salud de los habitantes de las regiones en donde hay presencia de cultivos ilegales.

De la misma forma y para poder retomar ese tipo de fumigación, se deberá regular el uso del glifosato a través de un órgano distinto a las entidades que realizarán esos procedimientos, donde se evaluarán los posibles riesgos a la salud y medio ambiente.

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También se tendrán que realizar monitoreos continuos y alertas sobre nuevos o posibles riesgos por el uso de ese herbicida. En ese sentido, el Gobierno tendrá que incluir a las entidades nacionales y del orden territorial del sector salud, al igual que a las autoridades ambientales para los análisis.

En tres oportunidades la Corte Constitucional ha evaluado el uso del glifosato y la aspersión aérea para combatir los cultivos de droga en el país. De acuerdo con las conclusiones de las sentencias, ese tribunal ha evidenciado posibles afectaciones a la salud y al medio ambiente con el uso del herbicida.
 
Por ejemplo, en la sentencia T-300 de 2017, la Corte estudió la fumigación aérea en zonas cercanas a cinco cabildos de la comunidad indígena Nasa y un resguardo indígena ubicado en el departamento del Putumayo.
 
En esa oportunidad, la Corte señaló que “de acuerdo con los documentos oficiales aportados al proceso, sí era posible que hubiera generado una sería afectación a las parcelas indígenas, en las cuales se llevaron a cabo actividades de aspersión”. 
 
En esa sentencia, la Corte ordenó realizar los procedimientos de consulta previa con las comunidades afectadas con el fin de establecer “los perjuicios y afectaciones que dejó el programa de erradicación de cultivos ilícitos mientras estuvo vigente”.
 
 
En la sentencia T-080 de 2017, la Corte constató que la realización de fumigaciones con glifosato en los territorios del pueblo Carijona del resguardo indígena Puerto Naré en el departamento de Guaviare “generó graves afectaciones a los cultivos tradicionales, el bosque tropical y las viviendas de la zona”.
 
Según las conclusiones de la Corte, en dicha sentencia el uso del herbicida “repercutió en problemas de salud y contaminación para la comunidad indígena y su territorio”.
 
En dicha sentencia la Corte concluyó que el Estado debe “tomar medidas pertinentes que anticipen y eviten cualquier daño a la salud y el medio ambiente", tras indicar que debe “encontrarse una forma alternativa de erradicación con una sustancia química que no esté catalogada como tóxica”.
 
En la última sentencia, la Corte Constitucional examinó la posible afectación a la salud de los habitantes del municipio de Novita en el departamento del Chocó, por el uso del glifosato.
 
 
La Corte evidenció que los programas de erradicación de cultivos ilícitos con el uso del herbicida “presentan un riesgo significativo para la salud humana y el medio ambiente”, y señaló que los mismos deben ser objeto de una regulación “cuyo objetivo sea controlar dicho riesgo”.
 
Como consecuencia de esa conclusión, la Corte en esa oportunidad ordenó suspender el uso del glifosato hasta que el Estado compruebe con hecho reales que no se causa daño a la salud y al medio ambiente.
Fuente

Sistema Integrado de Información

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