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Dos años de impunidad en un crimen que estremeció a Sucre



El 22 de julio de 2014 fue secuestrado y asesinado el médico Alfredo Isaac Fernández, en un hecho que estremeció a la sociedad del departamento de Sucre. Del crimen fueron acusados un político de la región y su esposa. Desde entonces, el proceso ha tenido 7 jueces y varios fiscales y una serie de dilaciones que han impedido su avance.


Años antes del crimen, el médico Isaac había alquilado a Ramiro García Aljure, quien era concejal de Tolú, Sucre, una casa vacacional. Pero como los pagos del arriendo empezaron a atrasarse y las versiones de que ese predio estaba siendo utilizado para todo menos para descansar, decidió pedirle que se lo entregara.


Ahí comenzó esta historia que ha tenido también un hecho adicional: varios medios de comunicación locales se han sentido por lo menos amedrentados por parte del entorno de los acusados.


Según el expediente que reposa en manos de la fiscalía, García Aljure habría citado en un parqueadero al médico Isaac el 22 de julio de 2014 para pagarle la plata que le debía del arriendo del predio. El pago del dinero lo haría su esposa Ilda Carrascal.


Desde ese momento no se volvió a saber nada del médico sincelejano. La investigación comenzó, y con la ayuda de testigos, el CTI de la Fiscalía capturó al político García Aljure y a su esposa y ubicó el cadáver del médico Alfredo Isaac enterrado en el patio de su propia casa vacacional, la que quería recobrar tras haberla arrendado.


Desde entonces han pasado dos años y el proceso prácticamente no avanza, en medio del asombro de los familiares y de testigos que han visto pasar a siete jueces y varios fiscales en este proceso, como lo explica el abogado Alfredo Sotomayor, quien defiende los intereses de la familia del médico Isaac.


El abogado recuerda que el próximo martes el caso será retomado por autoridades en Sucre y cómo el poder político de los implicados puede ser la causa de tanta dilación.


La petición de la familia del médico asesinado es que, para que el caso se mueva, la Fiscalía General asigne las investigaciones a un fiscal de derechos humanos en Bogotá.