Audiencia en contra de tres militares implicados en las irregularidades relacionadas con la sala de interceptaciones ‘Andrómeda’ en Bogotá // Foto: Archivo Colprensa



Por medio de un comunicado y en referencia a la comunicación difundida por la Procuraduría General de la Nación, donde informan sobre la formulación de pliego de cargos a tres miembros de la Institución, vinculados a la denominada Operación Andrómeda, informaron que acatan la medida proferida.

Además recalcan que el Ejército Nacional ha apoyado y continuará apoyando cualquier requerimiento del ente de control, como parte de su política de transparencia y de "cero tolerancia a hechos cometidos por miembros de la institución que van en contra de los principios, valores y de la ley".

Enfatizó en que en el caso del personal cobijado con esta medida, "el mayor Joany Alonso Guerrero Herrera, no es miembro activo de la Institución, fue retirado por facultad discrecional de la Fuerza a partir del 11 de febrero de 2015. La misma decisión tomó la Institución en el caso del cabo primero Luis Humberto Moreno Montes, retirado por facultad discrecional el 15 de enero de 2015".

Sobre el cabo segundo Carlos Alberto Betancur Sánchez, la Institución indicó que tomará las medidas pertinentes a lo que ordena la Procuraduría General de la Nación.

Finalmente concluyó diciendo que los comportamientos individuales que atentan contra los principios y valores institucionales, "nos obligan a fortalecer con decisión y firmeza nuestros procesos y medidas de control interno, como se ha venido realizando".

Contexto


La Procuraduría en su proceso de investigación tuvo en cuenta la información de las diligencias que se iniciaron al interior del Ejército y las declaraciones del hacker Andrés Sepúlveda el 15 de agosto de 2014, acerca de la presunta compra de base de datos del GAHD, información de seguridad nacional con datos de desmovilizados, obtenida por el suboficial Moreno Montes de manera indebida, por la que “al parecer recibió de manera indirecta remuneración económica por la venta de la misma”, falta calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo.

También el organismo de control señala, que el suboficial Carlos Alberto Betancur al parecer fue señalado por Sepúlveda como quien le ofreció la venta de 100 correos electrónicos que pertenecían a personas que se encontraban en la mesa de negociación de La Habana y software para el monitoreo de teléfonos celulares.

Para la Procuraduría, el mayor Joany Alonso Guerrero Herrera falló a sus deberes y funciones, ya que no ejerció control sobre los suboficiales a su cargo y presuntamente permitió desarrollar, utilizar y ofrecer en venta herramientas e información de carácter reservado para la seguridad nacional, vulnerando con ello los deberes y obligaciones que todo servidor público debe cumplir, falta calificada provisionalmente como grave a título de culpa.