Un gobernador indígena y una líder campesina fueron asesinados en los departamentos del Cauca y Antioquia. Otro líder social en Risaralda denuncia que ha sido amenazado desde febrero y no ha recibido protección del Gobierno.

Cuando se desplazaba a su lugar de residencia luego de terminar una reunión comunal, hombres armados que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra el gobernador indígena del Cabildo Kite Kiwe, de la vereda La Laguna en el municipio de Timbío, Gerson Acosta.

El líder indígena contaba con protección de la Unidad Nacional de Protección, pero de acuerdo a las primeras informaciones había decidido dejar que su escolta se retirara a descansar, ya que no realizaría un desplazamiento prolongado.

En el otro caso, Rubiela Sánchez, madre cabeza de familia de 6 hijos y víctima del conflicto armado, fue asesinada con arma de fuego en el municipio de San Vicente Ferrer, Oriente antioqueño.

La líder comunitaria, de 49 años de edad, era una mujer humilde, alegre, trabajadora y solidaria, que se había ganado el cariño de la comunidad, dijo el alcalde Roberto Jaramillo Marín, al repudiar el crimen ocurrido en la vereda Las Cruces.

Otro líder social en riesgo

El líder social y sindicalista del municipio de Mistrató (Risaralda), Ancízar de Jesús Suárez Hernández, denuncia que desde el mes de febrero fue amenazado de muerte.

"A principios de este año, en el mes de febrero, recibí en mi casa un panfleto amenazante y a los días dos mensajes de texto en los que me decían que debía perderme rápidamente o me tendría que atener a las consecuencias", aseguró.

El exdirectivo del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación, Sintraenal seccional Risaralda, dijo que pese a que puso en conocimiento de la Gobernación y las autoridades de Policía su caso, no le brindaron ayuda ni protección, por lo cual tuvo que renunciar a su cargo como sindicalista.

Al respecto, Julio César Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda, aseguró que la denuncia de Ancizar de Jesús Suárez fue recibida en Belén de Umbría por la Fiscalía y está siendo analizado para establecer qué medida de protección se le puede brindar dado el riesgo.