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Drummond debería pagarle $233 mil millones a Colombia: Contraloría

La contralora general de la República, Sandra Morelli, indicó en RCN La Radio que la empresa carbonífera Drummond le debería pagar al país cerca de 233 mil millones de pesos por detrimento patrimonial, en caso de que se comprueben las investigaciones que se adelantan contra esa multinacional.

"Si se suman los procesos que tiene la Contraloría, se tiene uno por la línea de playa de 113 mil millones de pesos; el segundo, por la capacidad de cargue de 20 mil millones de pesos y se adelanta un proceso de 50 millones de dólares por tema de regalías, o sea 233 mil millones de pesos; esa es obviamente la base para abrir los procesos", señaló.

Morelli reveló que en abril se tendrá una decisión en primera instancia y que el proceso por indebida liquidación de regalías saldrá mucho antes "porque ya se está tramitando hace varios meses".

La Contralora explicó que la compañía reclama derechos adquiridos de las adiciones que se realizaron a los contratos iniciales, que se hicieron para dar más tiempo a los contratistas y eso resultó ser más conveniente para ellos.

"Los contratos como regla general se rigen con la norma vigente a su celebración, la concepción original era la correcta, pero se modificaron para dar más tiempo y cuando alegan derechos adquiridos no son de la primera versión, sino de esas modificaciones que eran más convenientes a los contratistas", afirmó.

De igual manera, señaló que en materia ambiental no hay ese principio porque se rige por la norma de vigencia inmediata gracias al dinamismo del sector.

Investigación por desvío de recursos de salud para indígenas

De otro lado, la Contraloría General abrió investigación contra varias EPS de las comunidades indígenas, que al parecer están desviando los recursos destinados para la salud y que no se ven reflejados en los servicios que prestan las IPS de los cabildos.

Así lo reveló la contralora Sandra Morelli, quien estableció que los recursos que se deben destinar por concepto de salud a las comunidades indígenas están siendo desviados por los mismos líderes indígenas como es el caso de la EPS Mallamas en del departamento del Vichada.

"Esta EPS tiene una vinculación de un líder indígena que de hecho está condenado, y tiene 22 mil afiliados y de ellos mismos es la IPS que tiene sólo un médico, un odontólogo, una enfermera; entonces, uno se pregunta, cuánto nos vale esta IPS y cuánta plata hemos girado", subrayó la Contralora.