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Juez de Pereira condena a seis integrantes del Cartel del Queso

Seis miembros del denominado cartel de queso, que fueron capturados en mayo del año pasado, en una operación simultánea que se desarrolló en diferentes partes del país, fueron condenados por el Juez Sexto Penal de Pereira a pagar penas que oscilan, para cada uno de los delincuentes, entre 4 y 8 años de prisión.

Foto Archivo: Suministrada Policía de Santander.



Seis miembros del denominado cartel de queso, que fueron capturados en mayo del año pasado, en una operación simultánea que se desarrolló en diferentes partes del país, fueron condenados por el Juez Sexto Penal de Pereira a pagar penas que oscilan, para cada uno de los delincuentes, entre 4 y 8 años de prisión.

Los condenados, integrantes de una organización que enviaba queso sin control aduanero desde Venezuela hacia Colombia, fueron procesados por los delitos de concierto para delinquir y contrabando agravado, a quienes se les descubrió la infraestructura financiera, vehicular y el capital humano para traer de manera ilegal a territorio colombiano el producto, a través de trochas que conducían a los departamentos de Norte de Santander y La Guajira.

Según el Director de la Fiscalía en Risaralda, Jorge Mario Trejos, esta banda se valía de otras organizaciones delincuenciales para que les dejarán pasar sin problema la mercancia por la frontera, evadiendo todos los procedimientos e impuestos de ley que controla la DIAN.

La investigación

La investigación que duró más de un año, liderada por un fiscal adscrito a la Dirección Nacional de Antinarcóticos y Lavado de Activos con sede en Bogotá, finalmente culminó con la judicialización de 6 personas, entre ellas la señora Windy del Carmen Escobar, sentenciada a 8 años y 3 meses de prisión, al ser considerada la líder del grupo, quien responde por los delitos de fraude procesal, uso de documento falso público y privado.

La Fiscalía demostró a través de seis episodios, que la mujer contrabandeó 52 mil kilos de queso avaluados en más de 1.033 millones de pesos, que adquirió a través de una sociedad de lácteos de Barranquilla, la cual estaba a su nombre.

Según el relato de la Fiscalía, la procesada desde agosto del año 2013 vendría ingresando queso desde Venezuela a Colombia, a los municipios de Finlandia (Quindío), Barranquilla (Atlántico) y Chocó (Quibdó), entre otras ciudades, valiéndose de 4 contactos en el país vecino; lo mismo que tendría relaciones con servidores públicos y grupos ilegales para que le permitieran el paso a sus vehículos en zonas de riesgo.

El 25 de marzo del año 2015 las autoridades detectaron en Dosquebradas (Risaralda), un camión con 6 mil kilos, y el 13 de enero del año siguiente en Pereira fue detectado otro con 7.607 kilos, avaluados en una suma superior a los $256 millones.

En ambos casos fueron presentados documentos falsos como la factura de la quesera que supuestamente les vendió el producto en Plato (Magdalena), al igual que un certificado de la EPS de esa ciudad cobre las condiciones de salubridad del mismo, proveniente de una empresa de fumigación que indicaba que el vehículo era apto para el transporte del lácteo, al haber sido fumigado de manera oportuna.

Otros condenados

Las otras personas sentenciadas son Denis Adrián Morales Tobón, esposo de la mujer, a 48 meses de prisión por favorecimiento y facilitación de contrabando agravado sumado a los delitos ya mencionados.

En lo que respecta a Carlos Alberto Contreras y a Miguel Emilio Paz Pérez, a 36 meses de prisión cada uno, sólo por el delito de concierto para delinquir agravado.

Nilson José Jiménez Díaz a 42 meses de prisión, por falsedad material ideológica agravada y falsedad en documento privado. En este caso, el togado le concedió la suspensión de la ejecución de la pena.

Para el caso de Duradier Quintana Díaz, 48 meses de prisión por los delitos adicionales de favorecimiento y uso de documento falso. A estos dos últimos no se les comprobó el concierto.

Cabe resaltar que Jiménez fue beneficiado con la suspensión de la ejecución de la pena y fue dejado en libertad. A Paz Pérez le fue revocada la medida de aseguramiento en su residencia y fue ordenado su traslado a la cárcel, mientras que el resto sí fueron beneficiados con prisión domiciliaria por ser madre y padres cabeza de hogar, respectivamente.