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La Fiscalía General solicitará medida de aseguramiento contra estos mandatarios por irregularidades en contratos.

Archivo RCN Radio Quindío
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El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales y el alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balsero Contreras, tendrán que responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado.

Así lo anunció la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la invstigación que adelanta por presuntas irregularidades registradas en contratos durante la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus.

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Las autoridades se encuentran investigando el contrato 002 de 2020 para el suministro de elementos de bioseguridad en el centro administrativo municipal de Armenia por 350 millones de pesos, cuyo contrato se entregó por parte de la directora de bienes y suministro de alcaldía de Armenia a la empresa Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales, al parecer, relacionada con un funcionario de la Administración municipal que renunció en los últimos días.

Las investigaciones estarían demostrando que socios de la empresa a la que fueron comprados elementos de bioseguridad habrían donado dinero a la campaña política del alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales.

Para el caso de Calarcá, las autoridades investigan la irregularidad en un contrato de mercados en el que el representante del Supermercado, un proveedor de alimentos y reconocido comerciante del municipio de Calarcá, denunciara la irregularidad en la que aparece su nombre y su firma con un valor totalmente diferente.

El proveedor argumentó que los funcionarios compraron productos, por un valor de $15.000.000; sin embargo, aparece un contrato por cerca de $396.000.000, con una firma que no es la suya.

Esta situación ya había sido advertida por la Veeduría de la contratación en el Quindío que había solicitado a la Procuraduría General de la Nación suspender provisionalmente del cargo al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morale,  tras una serie de irregularidades en contratos relacionados con la contingencia por la COVID – 19

“El órgano de control privado había llamado la atención ya que se han registrado presuntos hechos de corrupción que podrían tener obstrucciones con la permanencia del cargo del mandatario local”, explicó Álvaro Mejía Mejía, representante de la Veeduría Ciudadana de control Quindío.

El ciudadano, a nombre de la Veeduría, había pedido celeridad a la Procuraduría, pues la región se ha visto marcada con hechos de corrupción con anterioridad.

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El representante de la Veeduría puntualizó que, “resulta sospechoso que la empresa a la que estaba vinculado el exasesor administrativo del alcalde de Armenia, Jorge Luis Barrera Chíquiza, ahora sea la beneficiaria de un contrato por 350 millones de pesos y resulte lucrándose con la pandemia”.

Agregó que resulta mucho más extraño la renuncia de Gabriela Valencia Vásquez, quien tenía la delegación para contratar por parte del alcalde, y que justo con estas evidencias decidiera abandonar su puesto.

Aseguramiento para otros funcionarios

La Fiscalía General de la Nación también solicitó medida de aseguramiento para la directora de Bienes y Suministros, Gabriela Valencia Vásquez, quien había presentado renuncia a su cargo en días anteriores, y contra el secretario Administrativo de Calarcá, José Winser Garzón Tobaría y otros funcionarios relacionados con estas investigaciones.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió otra investigación disciplinaria en contra del alcalde de Armenia y otros cuatro funcionarios, por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de contratos para suministros.

“Se abre otra investigación al suspendido alcalde de Calarcá, Quindío por presuntas irregularidades al contratar directamente el servicio de vigilancia durante la emergencia por COVID – 19”, precisó Fernando Carrillo Flórez, procurador General.

Por su parte, el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, informó que “sólo en los departamentos de Quindío y Caquetá no se han hallado contratos con presuntos sobrecostos”.

“En seis gobernaciones de las 30 revisadas no se han evidenciado sobrecostos, entre ellas: Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Guajira”, indicó Córdoba.

A nivel nacional, la Fiscalía verificó más de tres mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país.

En la actualidad hay 68 indagaciones abiertas y se hicieron 15 compulsas de copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

La información se presentó en el marco de la rueda de prensa 'Transparencia por la Emergencia', liderada por la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la Nación.

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, concluyó diciendo: "yo aquí no vengo simplemente a echar discursos, lo mío son las acciones".

“En dos meses hemos demostrado que los términos de los códigos no son un obstáculo ni una excusa para no actuar rápido”, apuntó.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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