Alertan sobre resurgimiento de grupos armados ilegales en Caldas

La Defensoría del Pueblo califica de inminente el riesgo en el occidente de Caldas por posible presencia de grupos armados y es que allí hay  preocupación especialmente entre las comunidades indígenas, ante el pronunciamiento del Fiscal General de la Nación confirmando tales investigaciones en esa región.

Las constantes denuncias de las comunidades indígenas que relacionan posible presencia de grupos al margen de la ley en municipios como Riosucio y Supía, han hecho eco en la Defensoría del Pueblo que emitió una Alerta Temprana por afectaciones a estas poblaciones.

El defensor Carlos Alfonso Negret Mosquera advirtió al Ministerio del Interior la difícil situación en materia de seguridad que se ha registrado en los últimos meses en el occidente de Caldas, y que ha puesto en riesgo -según esta entidad y la misma comunidad indígena- la integridad de sus habitantes.

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Por lo menos así lo dio a conocer el funcionario en la Alerta Temprana de "inminencia", debido a los hechos que se han registrado y que, según el delegado para asuntos de Derecho Humanos, involucra "graves ataques contra bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, riesgo de desplazamiento forzado, señalamientos y estigmatización contra los procesos organizativos y líderes del resguardo indígena Cañamomo -Lomaprieta, y contra miembros del punto de reintegración colectiva de este resguardo en los municipios de Riosucio y Supía Caldas”.

Estos hechos están relacionados inicialmente con los graffitis en el mes de febrero del presente año alusivos al ELN en varias veredas de Riosucio, además de los incendios provocados en la vereda Portachuelo del Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta, los cuales afectaron a más de 70 familias que tenían como principal actividad económica la producción de panela.

Adicional a esto, y según el documento firmado por el defensor del Pueblo, tal responsabilidad delictiva está siendo asignada a las personas en proceso de reincorporación que adelantan proyectos productivos de agricultura en las zonas rurales de los municipios, por aquellos que consideran que siguen siendo parte de los grupos armados.

"Se identifican riesgos de posibles atentados contra la vida y la integridad de personas en proceso de reincorporación a la vida civil, que se encuentran agrupados en torno a los proyectos productivos de la finca La Pangola en la Vereda La Rueda del Resguardo de Cañamomo y Lomaprieta", precisa el documento.

Añade que "dichos riesgos tienen origen, entre otros aspectos, en acciones de estigmatización por medio de señalamientos de estar supuestamente vinculados a la guerrilla y ser los responsables de extorsiones y de los grafitis y panfletos amenazantes alusivos al ELN, distribuidos el 14 de febrero de 2020 en las comunidades Cameguadua, Portachuelo, La Iberia y Paneso".

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A esta situación se le suma el pronunciamiento del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en el Diario Local La Patria, en el que aseguró que en el municipio de Riosucio se está investigando de unos días atrás la presencia de Carlos Alberto Ramírez Machado, también conocido con el alias de Wilson o el Pereirano, quien lidera el frente Manuel Hernández "El boche".

Este grupo armado ilegal se moviliza entre los municipios de Riosucio y Mistrató en Risaralda; 'El Boche' al parecer es el responsable de dineros exigidos a manera de extorsión a mineros y comerciantes en el occidente de Caldas.

Luego de conocido este seguimiento de las autoridades judiciales desde el nivel central, las autoridades del resguardo Indígena de Cañamomo Lomaprieta se pronunciaron y manifestaron su preocupación ya que esta situación viene siendo denunciada -según ellos- hace más de dos años, por lo que piden garantías plenas pues podrían estar en riesgo de exterminio físico y cultural.

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El integrante del Consejo de Gobierno, coordinador del programa de Patrimonio Natural y Asuntos Mineros del Resguardo, Héctor Jaime Vinasco, señaló que "la afirmación del Fiscal General de la Nación viene a corroborar las denuncias que por lo menos desde el año 2018 se vienen haciendo por parte de las comunidades y la Defensoría del Pueblo a través del sistema de Alertas Tempranas".

Y precisó: "Con fundamento en estos hechos, exigimos a la Fiscalía designar un grupo especial de investigadores y un fiscal especializado para garantizar una un análisis oportuno que conduzca a los responsables de las graves violaciones a los Derechos Humanos".

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, instó al Ministerio de Interior y a las administraciones locales y departamentales implementar medidas inmediatas de prevención y protección establecidas en el marco normativo, que tengan un enfoque diferencial étnico para los pueblos indígenas afectados con la problemática de orden público.