Autoridades ocultan nuestra situación de seguridad: Víctimas del conflicto en Risaralda
Piden más inversión social y soluciones eficaces a los problemas de orden público que imperan en esta sección del país.
Las autoridades civiles, militares y policiales de Risaralda ocultan a la opinión pública la difícil situación de seguridad que enfrentan las víctimas, los líderes sociales y la ciudadanía en general, denunciaron las víctimas del conflicto en el departamento.
La Mesa Departamental de Víctimas en pleno denunció que la Gobernación de Risaralda, el Ejército y la Policía Nacional no reconocen la realidad de inseguridad y orden público que se vive en la región.
Buscan denotar que esta zona del país es un remanso de paz, libre de grupos al margen de la ley, cuando la realidad, señalan las víctimas, es completamente diferente.
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Así lo dijo en RCN Radio Jaime Gutiérrez Ospina, Asesor Nacional de la Acción Comunal y Miembro de la Mesa Nacional de Víctimas por Risaralda, quien indicó que pese a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos que se ciernen sobre los líderes sociales, la presencia de guerrilla y otros grupos al margen de la ley que operan en la región y las amenazas contra los dirigentes, las autoridades aseguran que en la zona no pasa absolutamente nada.
“Aquí la concepción de los gobernantes de turno es que se debe traer plata para la inversión del capital, no de la inversión social, entonces cuando nosotros como autoridades decimos, ojo que el cartel mexicano está entrando a Risaralda, ellos sencillamente responden que es mentira, porque este tema no da confianza al inversionista", indicó.
Señaló además que "todos los temas los desvirtúan porque no les interesa el ser humano, pero sí el capital”.
Ante dicha actitud de silencio, el líder comunal indicó que las organizaciones sociales, sindicales y comunales están dando pasos firmes, a fin de unir esfuerzos que permitan poner en conocimiento de las instancias nacionales e internacionales estas actitudes, que bien podrían calificarse como omisiones al deber, por parte de las autoridades.
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