En dos años la Gobernación de Caldas logró reducir la deuda por la que ingresó a ley de quiebras. La obligación económica que tenía el departamento era de 284 mil millones de pesos, de los cuales, se ha abonado 113 mil millones de pesos. El compromiso con el Ministerio de Hacienda se pactó a 10 años y ahora con estas cifras se tendrá una restructuración para que quede en 7 años. Luego de la declaratoria de quiebra, se comenzó la depuración de las deudas, donde se evidenció que 49 mil millones de pesos no se debían y que fueron incluidos en los pasivos erróneamente, lo que ha permitido evidenciar una mejor organización. Fue correcto entrar en ley 550  La delegada del Ministerio Esmeralda Villamil explicó por qué el departamento sí debía entrar en ley 550: "La situación financiera de la entidad territorial demuestra que tenía pasivos muy altos que con los ingresos que percibe anualmente, era absolutamente imposible cancelarlos, si no tenía un marco jurídico que le permitiera acordar condiciones de pago, frente a plazo y remuneración de esas obligaciones".  Agregó que si no se hubiera entrado en esta ley, como tenían obligaciones con vencimiento superiores a los tres meses, se hubieran incrementado los procesos ejecutivos y estarían embargados los recursos de la entidad y el gobernador sólo sería el ejecutor de las ordenes de pago que libraran los jueces. También hizo claridad por qué, luego de conocer estas cifras positivas no se debe salir de la ley 550: "El departamento no puede salir de la ley porque en este momento asumió compromisos de pago en el escenario financiero hasta el año 2022; adicional a eso, no tiene los recursos suficientes para cancelar la totalidad de las acreencias insolutas, por esa razón independiente del cambio de gobernador,  la entidad territorial está obligada al cumplimiento del acuerdo de restructuración durante todo el termino de ejecución planteado en el escenario financiero, en este caso hasta el 2022".  Por su parte el Gobernador de Caldas, Julián Gutiérrez Botero manifestó que el departamento estaba en un desgreño administrativo, donde ni los propios abogados del departamento asistían a las audiencias de conciliación por las demandas en contra de la gobernación. El mandatario explicó que de 5 mil demandas que tenía el departamento, se logró reducirlas a un poco más de 300. En cuanto a la ley 550 manifestó que en lo que queda de su mandato, el departamento seguirá cobijado con esta figura, con el fin de que se tengan recursos para inversión.