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La corrupción con los recursos de la Estampilla Pro-Adulto Mayor llegó a tal extremo que la Contraloría de Pereira encontró, que según un contratista del municipio, 15 abuelos se habrían comido en menos de dos meses más de 450 kilos de carne, 3.500 kilos de frutas y verduras y 8.000 huevos.

En varios hallazgos, que tiene perplejos a las autoridades en Pereira, el ente de control detectó corrupción en casi el 100 por ciento de los 20 contratos que fueron auditados, por denuncias de malos manejos de los recursos de la Estampilla Pro-Adulto mayor.

Uno de los casos de presunta corrupción que se dio en la contratación de los servicios para la tercera edad en Pereira, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, durante los años 2015 y 2016, bajo la dirección de Jhon Jairo Lemus, tiene que ver con el convenio suscrito con la Fundación para el Desarrollo Ambiental del Valle - Fudesa, la cual suministraba alimentación a los abuelos, denuncia que fue hecha por la Contraloría en el Concejo de Pereira.

De acuerdo con el contralor de Pereira, Alberto Arias Dávila, esta entidad para que le pagaran el contrato certificó que entre el 10 mayo y 30 de junio de 2016, quince abuelos se habían consumido en la alimentación de casi dos meses: 457 kilos de carne, 1.623 kilos de frutas, 1.246 kilos de verduras y 256 panales de 30 huevos cada uno para un total de 8.000 huevos.

Solo 20 contratos, por cerca de 2.300 millones de pesos, de los 84 suscritos por 6.000 millones de pesos, han sido auditados hasta el momento por la Contraloría Municipal, encontrando hallazgos disciplinarios, fiscales y penales.

Abuelos que no existen

Entre los presuntos hechos de corrupción revelados por el contralor, figuran también inconsistencias en la población atendida, pues de los 428 abuelos y abuelas que manifiestan los contratistas que atendieron, 162 no están en las bases de datos oficiales del Sisben, 51 figuran en las bases de otros municipios diferentes a Pereira y en 24 más no coinciden las identidades y son menores de 60 años.

Manicure y Pedicure a 130 mil pesos

Otro de los casos detectados por la Contraloría de Pereira y que ha llamado la atención, es el cobro que hizo otro contratista por servicios de manicure y pedicure para los abuelos, cuyo valor por cada procedimiento estético fue de 130 mil pesos aproximadamente.

En la actividad de cotejo de las facturas presentadas, los investigadores acudieron a los sitios correspondientes, donde muchos de ellos indicaron no haber efectuado tal facturación, y en otros casos, manifestaron que los encargados de hacer el pago en esos puntos de estética habían solicitado que les entregaran las facturas en blanco.

Más corrupción

El contralor Dávila también denunció que entre los hallazgos encontrados por la entidad también figuran casos de doble facturación; Cuentas que habían sido presentadas en el año 2015 y que fueron repetidas en el mismo contrato de 2016; Centros de Atención al Adulto Mayor que no cumplen con los requisitos de ley; Entidades sin idoneidad para el manejo de estos programas sociales; Contratos que fueron pagados sin el lleno de los requisitos y sin el cumplimiento de los objetivos; y funcionarios de la administración municipal que también tenían contratos con las firmas contratistas encargadas de adelantar dichas actividades con los adultos mayores de Pereira.

Primeros resultados

Estos son los primeros hallazgos revelados por la Contraloría Municipal, después de que hace cerca de mes y medio el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le ordenará al director de la Fiscalía en Risaralda, Jorge Mario Trejos, resultados inmediatos con este caso de malversación de los recursos de los abuelos, sin embargo, hasta el momento lo único que se conoce es el informe del contralor.

Hechos anómalos para desviar investigación

Esta investigación la inició la Personería de Pereira, sin embargo, en el Ministerio Público se han presentado hechos que han tratado de desviar el trámite de las pesquisas, como el hackeo a principios de año del computador de la abogada que adelanta el caso donde los delincuentes informáticos se apoderaron de varios archivos, entre ellos el del caso de los abuelos de Pereira, además de amenazas telefónicas que ha recibido la funcionaria para que no se adelante la investigación.