Crece temor de líderes sociales en Risaralda para ejercer su labor

Voceros del Ministerio Público y de las organizaciones sociales, calificaron como complicada la situación de riesgo y de amenazas en la que se encuentran los líderes en Risaralda, departamento que hace parte de las ocho regiones intervenidas por el gobierno nacional por tener mayor afectación en esta materia en el país.

Pese a ser uno de los departamentos más pequeños de Colombia, en Risaralda es delicada la situación de los líderes sociales, ya que según las estadísticas, este año se han presentado dos homicidios y más de 30 dirigentes comunales, sindicales y de las víctimas han recibido amenazas de muerte.

Según la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, las acciones de defensa de derechos realizadas por estos líderes, los han convertido en blanco de las manos criminales.

“Es muy delicado que la labor de los líderes sociales los haga visibles y vulnerables, frente a este tipo de hechos lamentables como las amenazas y los homicidios por las labores que realizan”, dijo la representante del Ministerio Público en Pereira.

Por su parte, Jaime Gutiérrez, asesor Nacional de la Federación de Juntas Comunales, manifestó que la situación en Risaralda es compleja y responde básicamente a temas que involucran a las bandas dedicadas a negocios ilícitos, las cuales han visto a los líderes comunales como sus enemigos, ante las denuncias que realizan por su accionar delictivo.

“Al día de hoy tenemos en Risaralda 13 amenazas de muerte para líderes de la acción comunal, y tenemos dos homicidios, uno registrado en el corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico, y el otro, en la comuna Boston de Pereira”, aseguró Gutiérrez.

Esta situación ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo, organismo que este año ha emitido dos alertas tempranas para Risaralda.

La primera de ellas en marzo pasado, donde manifiesta una alerta para el 64% de los municipios del departamento (Belén de Umbría, Guática, Dosquebradas, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario), ya que según el documento, en estas localidades se han presentado situaciones que ponen en riesgo las organizaciones étnicas, sociales y populares.

La segunda alerta temprana se emitió el pasado mes de mayo, donde la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la difícil situación de seguridad de los líderes indígenas y afrodescendientes ubicados en la zona limítrofe entre los departamentos de Risaralda y Chocó, esto ante la presencia de grupos armados al margen de la ley que transitan esta zona.

Los dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos y de las víctimas en Risaralda, aplauden la intervención que ha anunciado para el departamento el presidente Santos, pero igualmente, piden políticas claras de defensa de la vida de estas personas.